El Consell de Govern, reunido este lunes en Ibiza por primera vez en esta legislatura, dio este lunes luz verde al nuevo marco legal que regulará el control de las fiestas ilegales en la isla. Una regulación que, entre otras cuestiones, contempla sanciones de hasta 300.000 euros contra los propietarios de las mansiones en las que se celebren estos eventos clandestinos. Estas sanciones, además, irán dirigidas contra los organizadores y los participantes en el evento ilegal.
A pesar de que el Consell de Ibiza apostaba inicialmente por la búsqueda de una modificación legislativa que permitiera a los agentes policiales entrar en estas mansiones en el momento de la celebración de la fiesta ilegal sin necesidad de tener una orden judicial, finalmente se ha optado por acciones como el incremento de las multas.
Según explicó la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, no es posible «cambiar el concepto de domicilio» porque este está amparado por la Constitución. Garrido recordó que, ni siquiera cuando se realiza una operación policial en el interior de un hotel, «es posible entrar en las habitaciones sin autorización judicial».
De ahí que, para «evitar problemas», se haya preferido un nuevo decreto ley en el que, además de las sanciones, se establece de forma clara qué es una fiesta ilegal. En este sentido, la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, explicó que una fiesta ilegal es un evento que «se celebra en una vivienda, con efecto lucrativo, al que la gente paga por ir y que se comercializa fuera de los canales convencionales».
Armengol subrayó que estas fiestas ilegales se dan en todo el archipiélago pero que afectan especialmente a Ibiza, perjudicando a la imagen de la isla en el exterior. A ello se suma que, según recordó la Armengol y tal y como ha defendido el presidente del Consell, Vicent Marí, estas fiestas ilegales «son competencia desleal para el ocio legal».
El nuevo decreto entrará en vigor el próximo jueves y el objetivo fundamental del mismo es «desincentivar» a quienes pretendan seguir organizando este tipo de fiestas en Ibiza, según señaló la consellera de Presidencia. Se trata de «poder parar la fiesta antes de que se realice». Garrido recordó que los propietarios tienen la «obligación de vigilancia». En este sentido, la consellera recordó que esto ya sucede en el área de Urbanismo y señaló que este tipo de multas contra quienes no respetan esta obligación de vigilancia son «efectivas».
La nueva regulación fija, además, cuestiones como la contratación de detectives privados que puedan infiltrarse en las organizaciones estas fiestas ilegales. Algo que podrá hacer el Consell d’Eivissa basándose en la Ley de Turismo, mientras que los ayuntamientos podrán actuar mediante la legislación que regula las actividades clasificadas.
8 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
porque no se ha publicado el comentario que hice ayer?
No es justo multar al propietario ellos no tienen la culpa , la culpa es del ramo político que saben donde hay fiestas y quien vende droga y pasan de todo
Pero si muchas fiestas se han estado anunciando en Instagram y WhatsApp desde la pandemia. A ver si vamos a necesitar pagar por el programa Pegasus para averiguar quienes son los organizadores. El tema de las fiestas ilegales no hace competencia a la gran familia ibicenca en sus negocios que cierran antes de las 12, si les molestara a ellos igual hacían algo mas. Igual que el consumo de droga en el ocio nocturno, no se acaba porque les da lo mismo a todos. Ibiza vive de la fiesta y la droga, que es lo que mueve a la gente. Pues que vengan de fiesta y a drogarse, y si se estrellan en una rotonda o salta por un balcón es un daño colateral que se asume y está mas que normalizado, esto es lo que piensan realmente y lo demás humo para callar a los cuatro tontos que nos quejamos y soñamos con una Ibiza que no veremos nunca.
si quieren pueden intervenir cuando la fiesta esté empezando, pero no quieren, lo mismo que el DC10 anoche saltandose todos los decibelios y el ayuntamiento y la policía local sin hacer nada, Lo mejor es prohibir los alquileres turisticos
Pedro259671 ha dado la clave: taxistas y distribuidores de bebidas tiene la información que de repente los taxistas no mueven a 500 personas en 1 hora a la misma dirección si no hay un porqué o te compran a un distribuidor 400 cajas de cocacola y ron que no sea una empresa reconocida ....
Va a ser muy difícil (por no decir imposible) aplicar estas sanciones...ya que todo se tiene que demostrar...mucha pérdida de tiempo en normativas y como siempre después NO se aplican. También comenzarán a pagar justos por pecadores. Se sabe perfectamente qué chalets suelen celebrar fiestas, etc. pues por qué no se vigila y se impide qué se celebren? controles en accesos viarios, pedir documentación a todo visitante, etc. Realmente NO hay voluntad de controlar y parar esto.
Muchos se han beneficiado de las fiestas ilegales: taxistas, camareros y relaciones públicas de los bares, distribuidores de bebidas, etc, y por supuesto algunos propietarios (como los de Can Palau, que alquilaron su finca a sabiendas a narcotraficantes napolitanos). Todos son responsables por esta PPenosa situación.
El propietario de la vivienda es el primer interesado en que en vivienda turística , con todas sus licencias y permisos no se pueda realizar ninguna fiesta ni evento. Pero claro , lo fácil y rápido es multar al propietario.