Un momento de la jornada inmobiliaria celebrada este viernes en el Hotel Torre del Mar. | Daniel Espinosa

Desde el Consell d’Eivissa destacaron que en esta legislatura se han tramitado 90 licencias de obra al año para la construcción de viviendas en suelo rústico. Una cifra muy elevada si tenemos en cuenta que durante el pasado mandato se frenaron en seco estas obras.

«El Consell ha pasado de conceder 40-50 viviendas en suelo rústico a otorgar 90 licencias», destacó a Periódico de Ibiza y Formentera el conseller del departamento de Gestión del Territorio, Mariano Juan. Este permiso de obra mayor fue una de las cuestiones que se abordaron este viernes durante la jornada informativa organizada por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y la Asociación API Baleares.

Conflictos urbanísticos

Una charla que trató varios puntos del ordenamiento urbanístico de Baleares: la problemática de las fincas rústicas, las edificaciones fuera de ordenación, la modificación del Plan Territorial Insular (PTI), los planeamientos obsoletos de algunos ayuntamientos de la isla, la compraventa y la situación actual del mercado. En total, cerca de 40 agentes inmobiliarios asistieron a este foro, impartido por expertos en la materia, que se celebró este viernes en las instalaciones del Hotel Torre del Mar.

Sin duda, el urbanismo y las políticas sobre el territorio son, desde hace años, la fuente de los mayores conflictos entre los diferentes partidos. Por este motivo, desde el Consell d’Eivissa no dudaron en desmarcarse este viernes del Govern balear y criticaron la casuística de Ibiza como ejemplo extremo de retrasos en la concesión de licencias.

Por este motivo, el conseller del departamento de Gestión del Territorio hizo hincapié en la importancia de poner en marcha el Reglamento de Simplificación Administrativa, una normativa con la que se pretende evitar los procedimientos redundantes en la administración que tantos problemas genera.
«Siguen existiendo cargas innecesarias y duplicidades a los ciudadanos a la hora de realizar actividades en el ámbito urbanístico», explicó. Señaló que detrás de estas licencias hay proyectos de vida y que es hora de poner al día el máximo de expedientes pendientes.

Dos meses

En este sentido, adelantó que este reglamento está en fase de aprobación definitiva gracias a la aprobación del Consell Consultiu. «Es hora de incorporar las condiciones de esta normativa. Estamos convencidos que en dos meses será toda una realidad», puntualizó.

En esta línea, apuntó que también se han multiplicado las cédulas de primera ocupación, que son aquellas que debe otorgar el Consell a las obras nuevas o grandes reformas antes de poder entrar a vivir en una vivienda. Otro de los temas candentes que se trataron este viernes fue la normativa urbanística que rige las construcciones fuera de ordenación que existen en Ibiza. «Hay miles de estas edificaciones en la isla. La normativa está obsoleta, un particular tendría que poder reformar su vivienda», subrayó el conseller.

Por su parte, desde Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria reclamaron más transparencia por parte de las administraciones y, sobre todo, la «dignificación del sector». «Somos profesionales que nos hemos formado y damos lo mejor de nosotros para hacer más fácil la compra o el alquiler de una vivienda. Queremos que se ponga en valor nuestro trabajo a través de la regulación y profesionalización del agente inmobiliario», subrayó Jeffrey Fernández, delegado en Ibiza y Formentera del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

El precio del alquiler

Para Juan, la problemática de la vivienda está condicionada por dos factores: el embrollo legal en el que se encuentran muchos suelos residenciales urbanos en algunos planeamientos urbanísticos municipales, y la interferencia que el alquiler turístico ilegal tiene. «Ambos problemas provocan una falta de oferta tremenda en comparación con la demanda que hay y eso infla los precios», señaló.

En esta línea, apuntó que la solución es multifactorial. Por un lado, seguir luchando contra los pisos pirata y conseguir que el Govern permita cerrarlos y, por otro, que los ayuntamientos con planeamientos obsoletos actualicen sus planes poniendo suelo a precio razonable.