Imagen del pleno celebrado este viernes en el Consell d’Eivissa. | Marcelo Sastre

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PSOE y Unidas Podemos votaron este viernes en contra del nuevo reglamento insular destinado a regular las llamadas agroestancias y la comercialización de las estancias turísticas en casas payesas de la isla de Ibiza. Un reglamento que, además, contiene medidas para agilizar, suprimir y reducir cargas administrativas en materia de vivienda, urbanismo y patrimonio histórico.

La izquierda rechazó así la posibilidad de que los payeses de Ibiza puedan rentabilizar sus propiedades, a pesar de que tanto la Ley autonómica de Turismo como la agraria, redactadas y aprobadas ambas por el PSIB y Unidas Podemos, contemplan esta opción. El vicepresidente del Consell, el popular Mariano Juan, reprochó esta contradicción a los portavoces de ambas formaciones, Víctor Torres y Antonio Saucedo.

Juan les recordó que la legislación autonómica permite que los payeses puedan rentabilizar sus casas vía alquileres turísticos, pero sin apenas condiciones. El nuevo reglamento insular, por el contrario, fija que, para poder llevar a cabo estos alquileres, los payeses deberán permanecer en la vivienda como domicilio habitual, no podrán alquilar más de tres habitaciones, solo gestionarán un máximo de seis plazas turísticas y, además, estarán obligados a cultivar un mínimo de cuatro hectáreas del terreno en el que se ubique la propiedad.

«Ustedes quieren el campo subsidiado», subrayó Mariano Juan, «y nosotros queremos que los payeses, además de recibir subsidios, sean autosuficientes». El conseller añadió que el nuevo reglamento, que se ha elaborado tras buscar «el máximo consenso», servirá para «facilitar a los payeses» esta nueva forma de rentabilizar su propiedad. Todo ello a pesar de que para la entrada en vigor de esta parte del reglamento será necesario esperar a que concluya la moratoria de plazas turísticas fijada por el Govern y vigente en estos momentos.

El socialista Víctor Torres, por su parte, se refirió a la nueva norma como «el reglamentazo». Aseguró que este reglamento «excede las competencias del Consel», a pesar de que, tal y como le recordó Mariano Juan, la institución cuenta con el respaldo del Consell Consultiu para redactarlo. Torres auguró que «se abrirá la puerta a la comercialización turística de todas las casas payesas» y añadió que tras el mismo se oculta «más crecimiento urbanístico». El socialista añadió que el Gobierno insular «no ha buscado el consenso ni con los ayuntamientos ni con la oposición».

El conseller de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, centró su rechazo a la nueva norma en el hecho de que no cuenta con el respaldo de las asociaciones Prou! y el GEN. Saucedo calificó como «peligroso» el reglamento porque, en su opinión, «propone más plazas turísticas en suelo rústico». Y aseguró que, en lo relativo a la agilización de los trámites urbanísticos, se trata de «una carta a los Reyes Magos para las promotoras».

El vicepresidente segundo de la institución, Javier Torres, defendió, por su parte, el nuevo reglamento recordando que «hay mucha gente que se ve obligada a vender a compradores de fuera de la isla porque no pueden mantener sus propiedades ahora mismo». «No tienen ni idea de lo que es el campo», reprochó Torres a PSOE y Unidas Podemos.

La consellera no adscrita Marta Díaz, finalmente, mostró su apoyo al nuevo reglamento, sobre todo en lo referente a la agilización de los trámites administrativos: «Todo lo que sea suprimir trámites administrativos es importante porque el ciudadano sufre cuando se tiene que dirigir a la Administración».

El apunte
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El despliegue de la autonomía política insular «a pesar del Govern»

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El nuevo reglamento fue presentado por Mariano Juan como el resultado de «un camino valiente, largo y que no ha estado exento de palos en las ruedas». Con esta nueva norma, de la que se beneficiarán también los ayuntamientos, las instituciones ibicencas «serán más ágiles y sencillas y tendrán más recursos para sacar adelante expedientes importantes».

Juan explicó que el reglamento permitirá, entre otras cuestiones, eliminar las cédulas de habitabilidad de primera ocupación y abaratar los costes de cuestiones relacionadas con los hallazgos arqueológicos.

El vicepresidente señaló que esta nueva regulación ha contado con el respaldo de ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones y ciudadanos y dejó claro que el objetivo es «facilitar la vida» a quienes necesitan llevar adelante determinadas actuaciones ante el Consell.

Este reglamento, además, permitirá a Ibiza desplegar su «autonomía política a pesar del Govern». Y es que el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol se opuso a que el Consell pudiera regular estas cuestiones. Una oposición ante la que el Consell «dio la batalla jurídica»basándose en la idea de que «el mejor gobierno es el que hace lo posible para que no lo necesiten».

El vicepresidente segundo de la institución, Javi Torres, indicó, por su parte, que la aprobación definitiva de este reglamento es un paso en el objetivo de que el Consell sea «una Administración eficaz, ágil y útil para el ciudadano».