Un momento de la sesión plenaria de este jueves en el Ayuntamiento de Sant Josep. | Daniel Espinosa

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El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha aprobado este jueves durante la sesión plenaria ordinaria tres modificaciones de crédito por un valor de más de 1’1 millones de euros. Estas modificaciones permitirán hacer frente al incremento del coste de depósito de los residuos en el vertedero insular, la ejecución de diversas inversiones y aumentar la plantilla de las escuelas de verano municipales.

La primera de las modificaciones, que se ha aprobado por unanimidad, supondrá incrementar en 371.857 euros el gasto inicial de 1.825.00 euros, para regularizar el programa de gestión del vertedero de Ca na Putxa.

La segunda de las modificaciones, permitirá llevar a cabo la urbanización del pasaje de Cala de Bou que va desde la calle de La Rioja hasta la calle Lugo, donde se construirá un nuevo parque infantil, con una inversión prevista de 491.000 euros. En esta modificación se incluye el proyecto de mejora del Camí des Cavallet por un importe total de 201.000 euros. Se mejorará el pavimento y se implementarán elementos de seguridad como reductores de velocidad y barreras de seguridad en los laterales.

En cuanto a la tercera modificación, se aumentará el gasto previsto en la contratación de monitores para las escuelas de verano que pasa de 235.000 a 301.000 euros. Lo que permitirá incorporar 56 monitores en total, 11 más de los inicialmente previstos.

Además, se ha aprobado la modificación inicial de la ordenanza reguladora de los estacionamientos con limitación horaria que mantiene el carácter gratuito de la zona azul pero introduce la limitación del tiempo de estacionamiento en los puntos de carga y descarga de vehículos eléctricos a un máximo de dos horas con el vehículo enchufado. También la creación de de los estacionamientos para el servicio de farmacia que estarán limitados por un máximo de 15 minutos y durante el horario de abertura de la farmacia.

Por último, se ha aprobado la moción del PP para mejorar el aparcamiento de Cas Metge. En los próximos días se iniciarán las obras para instalar un sistema de iluminación en este aparcamiento, la próxima semana está programado pintar el paso de peatones en el cruce del nuevo acceso al aparcamiento en la calle Benimussa. Desde el Ayuntamiento de Sant Josep han explicado que «todavía falta estudiar como se señalizará el sentido circulatorio dentro del aparcamiento» pero ha anunciado que «próximamente se volverá a limpiar el exceso de vegetación y se suavizará alguna pendiente demasiado pronunciada».

El Ayuntamiento de Sant Josep estaría cerca de conseguir un terreno que facilitar al Ministerio del Interior para poder ubicar el nuevo cuartel-residencia de la Guardia Civil. Así lo aseguró este jueves el alcalde del municipio, Ángel Luis Guerrero, en respuesta a una pregunta realizada por la concejal de Ciudadanos, Eva Ruiz, sobre si estas instalaciones, de las que ya se hablaba en 2016, había resultado ser un proyecto fallido.

Guerrero reconoció que se trata de un proyecto «complicado», básicamente por la falta de suelo que tiene el Ayuntamiento, por lo que «hay que ir haciendo encajes de bolillos con SUDOs (Suelo Directamente Ordenado) o con cambios». «Esto es lo que pasa cuando no se planifica bien el urbanismo», manifestó.

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El primer edil indicó a su vez que hace aproximadamente un mes se mantuvo la última reunión con la dirección General de la Guardia Civil, a la que asistió la propia directora, María Gámez, y a la que el propio Guerrero no pudo asistir por problemas familiar, aunque sí que lo hizo una alta funcionaria de Urbanismo del Consistorio y los propietarios del terreno. «Ya está todo negociado al 100% con el Ministerio», anunció Guerrero. «Están ya en la fase final, que es la económica y medio ambiental con el Consell».

Asimismo, subrayó que la fórmula elegida será la de «cesión anticipada». «Se ha estado trabajando en borradores urbanísticos para que esa cesión se lleve a cabo y luego el Ayuntamiento pueda tratar directamente con la Dirección General de la guardia Civil».

Por otra parte, la Transparencia fue la protagonista de gran parte de la sesión plenaria de ayer. En primer lugar porque el pleno aprobó inicialmente, con la abstención de la concejal de Vox, el Plan Antifraude que compromete al Ayuntamiento a garantizar en su funcionamiento la transparencia, la ejemplaridad y la honestidad. Una aprobación exigida por ley para poder optar a los fondos europeos. Pese al apoyo de la práctica totalidad de los grupos, hubo muchas críticas al respecto.

El concejal del Grupo Popular, Vicent Roig, reconoció que «hay mucho trabajo por hacer en cuanto a Transparencia porque las exigencias son muy altas».

Desde Ara Eivissa, Josep Antoni Prats subrayó que «hay que reflexionar obre que la UE nos obligue a firmar una serie de condiciones para recibir el dinero». Desde Proposta per Eivissa, Vicent Torres insistió en que aprobaba la medida «por imperativo legal», aunque recordó que «se va a pagar más de 10.000 euros por una cosa que ya tenemos, que es el Estatuto Básico de la Función Pública».

Pino Vidal, de Vox, en un principio pensaba votar en contra de la propuesta, aunque finalmente cambió su voto por la abstención porque podría ser buena la propuesta para «frenar la corrupción de los socialistas».

En cuestión de transparencia, el Grupo Popular presentó también una moción de control para conocer qué está haciendo el equipo de Gobierno para mejorar sus índices de transparencia. Y es que, según Dyntra, plataforma colaborativa que trabaja en la medición y gestión del gobierno abierto en las organizaciones y para la Sociedad Civil, el consistorio josepí no ha avanzado nada en el último año y sigue el último de los ayuntamientos ibicencos y uno de los últimos de las baleares. Concretamente, en la posición 11 de los 16 ayuntamientos de más de 15.000 habitantes del archipiélago, con un cumplimiento de sólo el 33% de los parámetros que se analizan para medir la transparencia.

El concejal socialista Vicent Roselló aseguró que la información de Dyndra «no es fiable» y aseguró que «vamos hacia adelante sin el peso de una empresa privada que nos diga qué objetivos debemos cumplir».