La excavadora, actuando sobre una de las ilegalidades de Casa Lola. | Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia

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Clientes de Casa Lola denunciarán por estafa a la propietaria de este establecimiento, Francisca Sánchez Ordóñez, por haber «alquilado las estancias sabiendo que el día 9 iban a entrar las autoridades para proceder a la demolición de los elementos ilegales». Así lo ha anunciado este miércoles la representante legal de algunos de los afectados, Paula Sánchez, quien también explicó que varios de ellos «habían pagado en cash cantidades muy elevadas de dinero». Es más, algunos de ellos «habían pagado el lunes, un día antes de la intervención».

La abogada recordó que la propiedad de Casa Lola «sabía desde el 19 de julio que el Ayuntamiento de Sant Josep estaba autorizado para entrar el 9 de agosto». Sin embargo, la propietaria del controvertido establecimiento «fue alquilando Casa Lola y diciendo que no iba a pasar nada, que lo que decía el auto no se iba a llevar a cabo».

No quedaron ahí las denuncias de Paula Sánchez. Al parecer, y según relató en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, la propietaria de Casa Lola trasladó hasta este establecimiento a clientes de otro que tiene en las cercanías con el fin de evitar la intervención municipal. «Lo hizo a propósito», señaló Sánchez, «ahí había gente que había pagado el alquiler hasta el 30 de octubre. Esta gente ahora está muy desconcertada».

La abogada también señaló que ninguno de los tres detenidos por resistencia y desobediencia a la autoridad eran trabajadores del complejo, tal y como se había informado inicialmente. Uno de ellos, de nacionalidad mexicana, es «un conocido empresario de prestigio en su país». Este cliente de Casa Lola «cuando está en México, va con cinco guardaespaldas». De ahí que, cuando «la policía comenzó a aporrear la puerta de la habitación, él pensó que venían a secuestrarle».

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«Habían estado de fiesta hasta las 06.00 horas y sus amigos estaban en otras estancias paralizados», relató Paula Sánchez, «y él creyó que lo que estaba sucediendo era un secuestro, por eso reaccionó como lo hizo. Tenía miedo». El empresario ha quedado este miércoles en libertad sin cargos, mientras que los otro dos detenidos sí fueron condenados «con las penas más bajas».

El Ayuntamiento de Sant Josep, por otro lado, ha informado de que este miércoles también se llevaron a cabo trabajos de demolición en el interior del complejo de Francisca Sánchez Ordóñez. Fuentes del Consistorio señalaron que «todo ha ido bien, sin ningún percance». «Los operarios», añadieron, «han trabajado con normalidad y seguimos con las obras».

Este jueves ya se habían demolido unos 200 metros cuadrados de obras ilegales: Foto: Ayuntamiento de Sant Josep.

La intervención municipal comenzó el pasado día 9, con la entrada en Casa Lola de los operarios y la maquinaria necesaria para proceder a la demolición de los elementos ilegales. Durante la noche anterior, la Policía Local de Sant Josep cortó los accesos a la finca con el fin de que nadie pudiera acceder al interior. Dentro se encontraba un total de 70 clientes, entre ellos una familia asiática de 30 miembros. A las 09.00 horas, tal y como indicaba el auto judicial, un cerrajero forzó el portón de entrada ante la negativa de trabajadores de Casa Lola a abrir. Fue entonces cuando pudieron acceder a la finca numerosos efectivos policiales, dos abogadas municipales, la arquitecta del Consistorio, un celador y los técnicos de la empresa responsable de la demolición, Hermanos Parrot.

Reacciones del GEN

Por otro lado, la entidad ecologista GEN-GOB ha mostrado este miércoles su satisfacción ante el inicio de los trabajos de demolición. «De esta manera», indicaron sus integrantes en un comunicado, «se pone fin a una situación que se ha alargado mucho más tiempo del necesario». «De hecho, a lo largo de 12 años se han ido acumulando infracciones y actividades fuera de ordenación de forma escandalosa en este complejo ilegal».

El GEN-GOB indicó que la «indisciplina urbanística» sigue siendo «un problema importante» en la isla de Ibiza, debido a la «sensación de impunidad» de los infractores y al «comportamiento permisivo de las administraciones». Por ello, destacó el papel que han jugado los vecinos de Casa Lola en estos años a la hora de denunciar la situación, «manteniendo la presión ante las administraciones y la propiedad para conseguir la restitución de la legalidad». El grupo felicitó también al Ayuntamiento de Sant Josep, aunque este municipio haya sido»durante muchos años» conocido «por la indisciplina urbanística en su territorio». Algo que esperan que cambie tras la demolición de Casa Lola.