La demolición, que lleva a cabo la empresa Hermanos Parrot, se ha planificado en tres fases, de las cuales ya se ha cumplido la primera. Según señalaron las fuentes municipales consultadas por Periódico de Ibiza y Formentera , este jueves comenzaron las tareas de la fase segunda y, en breve, dará comienzo la tercera y última. «Los trabajos concretos», explicaron, «consisten básicamente en vaciado de mobiliario y desmontaje del edificio, como son las maderas de armarios, desconexión de instalaciones eléctricas, residuos de enchufes. Y luego ya se procede al derribo».
Por otro lado, fuentes de los clientes de Casa Lola afectados por el desalojo han indicado este jueves que «en los próximos días» mantendrán una reunión con el fin de decidir la forma de proceder contra la propiedad de este controvertido establecimiento turístico. Las mismas fuentes señalaron que «han de estudiar qué hay que hacer» y aclararon que no han presentado aún denuncias contra la propietaria, Francisca Sánchez Ordóñez, porque «todavía están sorprendidos». La abogada de tres de los afectados, Paula Sánchez, ha declinado hacer este jueves declaraciones al respecto. Sánchez anunció ya el miércoles la interposición de denuncias por presunta estafa contra la propietaria, dado que algunos de los afectado habían pagado grandes cantidades de dinero por el alojamiento. Pagos que llegaron a hacer, incluso, y según relató la abogada, el día anterior a la entrada de las autoridades para el derribo, a pesar de que Francisca Sánchez Ordóñez conocía desde el pasado mes de julio lo que sucedería en Casa Lola a partir de las 9.00 horas del día 9 de agosto.
Detenciones
El acceso a Casa Lola para este derribo se saldó con la detención de tres personas. Una de ellas es un conocido empresario mexicano que se encontraba alojado junto a unos amigos en el complejo. Este turista fue acusado de resistencia y desobediencia a la autoridad, aunque posteriormente fue absuelto en un juicio rápido celebrado el miércoles al poder demostrar que creyó que estaba siendo víctima de un secuestro, según explicó Paula Sánchez. La abogada también explicó que la propietaria del complejo trasladó a este a clientes de otro de sus establecimientos turísticos con el fin de evitar la intervención municipal. «Lo hizo a propósito», explicó Sánchez, «ahí había gente que había pagado el alquiler hasta el 30 de octubre. Esta gente está ahora muy desconcertada».
La intervención municipal en Casa Lola comenzó el martes con la entrada en el establecimiento de los operarios y la maquinaria necesaria para proceder a la demolición de las numerosas estructuras levantadas ilegalmente por la propiedad. Durante la noche anterior, la Policía Local de Sant Josep cortó los accesos a la finca con el fin de que nadie pudiera acceder al interior. Dentro se encontraban alojados un total de 70 clientes, entre los que se encontraba una familia asiática formada por 30 personas. A las 9.00 horas, trabajadores de Casa Lola impidieron la entrada a las autoridades y a los operarios, por lo que un cerrajero forzó el portón para acceder. Fue entonces cuando por primera vez en los últimos 12 años pudieron entrar en la finca numerosos efectivos policiales, dos abogadas municipales, la arquitecta del Ayuntamiento, un celador y los técnicos de la empresa Hermanos Parrot.
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Nos gustaría ver la factura detallada de hermanos parrot, porque de momento lo pagamos los vecinos de San José, lo lógico sería que la dueña estuviese en la cárcel hasta que pagase la factura