Pleno del Consell de Ibiza celebrado este viernes.

El Pleno del Consell d’Eivissa no ha repetido este viernes por la mañana la unanimidad para recurrir el nuevo Reglamento de Costas y defender los intereses de las personas afectadas, que este viernes sí se dio en el Pleno del Consell de Formentera. Los grupos PSOE y Podemos han votado en contra de la moción que ha sido aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno y la consellera no adscrita Marta Díaz.

El conseller de Territorio, Mariano Juan, ha defendido que se puede proteger la costa sin atacar a los propietarios de concesiones. Ha indicado que, desde su perspectiva, «es un reglamento más ideológico que técnico que sólo valora el litoral como algo ajeno a la actividad humana e ignora que existen actividades humanas sobre el mismo».

Ha señalado que la norma establece una serie de conceptos indeterminados para aumentar el dominio público con la consecuente retirada de concesiones. «Que si una ola llega un día en un temporal excepcional, si hay una inundación, se puede quitar una concesión cuando haya peligro de que llegue una ola…conceptos sorprendentes para estar plasmados en un reglamento», ha valorado.

Desde la oposición, el Partido Socialista y Podemos calificaron la moción de «paracaidista». El portavoz del Grupo Podemos, Antonio Saucedo, ha echado en cara al equipo de gobierno que se trajera a Pleno esta moción sin siquiera haberla abordado en comisión para llegar a un acuerdo al respecto con los grupos de la oposición y ya con la decisión tomada de recurrir la norma «como ya anunciaron este viernes y se publica hoy en prensa». Ha apuntado, conforme a la exposición de motivos del nuevo reglamento, que su modificación responde a la inconstitucionalidad de diversos apartados de la normativa anterior que ha señalado el Tribunal Constitucional en varias sentencias.

La consellera socialista, Silvia Limones, ha justificado el voto negativo de su partido por los intereses ambientales de la nueva normativa y de protección del territorio. «La norma lo que quiere es adaptar el reglamento a la ley de cambio climático y preservar nuestro territorio», ha resumido Limones.

El conseller Juan ha puesto sobre la mesa de nuevo el impacto sobre 1.600 familias que estima la asociación de afectados por la Ley de Costas que tiene la nueva norma. «¿Una moción que afecta directamente al modus vivendi de 1.600 familias es una moción paracaidista? Pues bendita moción paracaidista», ha espetado.

En cuanto a los argumentos en defensa de la lucha contra el cambio climático, ha dudado que expropiar a los particulares sea un modo de proteger el clima.

Aplauso de la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera aplaude la iniciativa de los dos consells insulares de las Pitiusas de recurrir al Tribunal Supremo el Reglamento de Costas aprobado el pasado día 1 de agosto.

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Juan Guasch Presidente de la institución se ha mostrado profundamente satisfecho por la iniciativa del Consell Insular de Ibiza, que este viernes convocó a esta institución junto a la presidenta de AALCE, Associació d’Afectats per la Llei de Costes d’Eivissa, Aixa Torres para comunicarles la decisión del Consell de Recurrir en Casación ante el Tribunal Supremo.

Guasch ha dicho: «aplaudimos esta decisión porque para las pequeñas y medianas empresas afectadas en nuestra isla, es un gran paso. Solo los que tengan un interés afectado, directo, están legitimados para recurrir. En el caso de los Consell Insulares y los Ayuntamientos, lo están porque van a tener que aplicar esta Ley. El recurso contencioso es complicado, requiere abogado y procurador y se plantea ante el Tribunal Supremo. Esto es muy costoso y hace casi inviable esta posibilidad para las pequeñas empresas. Nos parece un gran apoyo que el Consell Insular lo haga en nombre de todos, en especial de estas pequeñas empresas que tienen más dificultades para defenderse».

Guasch también se ha referido a la iniciativa aprobada por el Consell Insular de Formentera. Según el Presidente de la Cámara, «en la pitiusa menor ha cuajado la iniciativa propuesta por S’Unió, y el Pleno del Consell ha refrendado esta propuesta, que por consenso y previo debate entre todos los grupos ha salido adelante».

En su opinión «es un ejemplo de lo que debería ser la política. Siempre deben prevalecer los intereses reales de la ciudadanía por encima de los intereses de partido».

Según la Cámara de Comercio, «este nuevo Reglamento viene a complicar aún más la confusa situación jurídica del litoral español. La ley de 1988 introduce muchas limitaciones para otorgar una concesión (tanto a los propietarios como a las titulares de concesiones temporales). En 33 años desde su aprobación en Ministerio no ha sido capaz de clarificar e informar cómo debe interpretarse la Ley para otorgarlas. Con este nuevo reglamento se complica y confunde aún más a la ciudadanía».

Se establecen mayores restricciones a la hora de otorgar las concesiones de todo tipo. Con el Art. 20 de la Ley de Cambio Climático la Administración tiene carta blanca, un concepto jurídico indeterminado, para decidir si otorgar esa concesión a la que una empresa tiene derecho (amparado en las leyes anteriores); es decir puede alejarse de lo actuado hasta la fecha e imponer un nuevo criterio para su otorgamiento.

En palabras de Guasch, «esto es un arma peligrosa ya que la Ley no define a priori cuales son estos criterios medioambientales, y remite a otras administraciones para «rellenar» este concepto jurídico vacío de contenido. Esto en un sistema democrático es muy peligroso porque deja en manos del ejecutivo (gobierno) algo que toca definir al legislador (parlamento) y en el caso de afectar a derechos fundamentales (como la propiedad) por la vía de la Ley Orgánica y no por Real Decreto. No es aceptable que por la vía de un simple Decreto se apruebe un Reglamento que introduce criterios nuevos respecto a la Ley de Costas anterior, a la que solo puede desarrollar.

Juan Guasch comentó: «este es un tema muy importante para nuestra economía basada en el turismo. En Baleares, y en especial en Ibiza y Formentera, tenemos un modelo económico que hasta la fecha ha funcionado muy bien. Es necesario un consenso para dictar unos principios claros que permitan de una vez por todas delimitar que litoral queremos y como debemos proteger la actividad económica combinándola con el respeto al medio ambiente. Es necesario que los políticos se sienten y trabajen unidos por una nueva Ley de Costas que de una vez por todas resuelva todas las cuestiones que desde hace más de 33 años están sin resolver. Y lo haga de forma plural, con respeto a la Ley, a nuestro sistema democrático y con todas las garantías constitucionales».