El piso que ha sido multado por el Consell d’Eivissa se encuentra en la calle Emili Pou de la Marina. | Irene Arango

El Consell d’Eivissa ha resuelto en los últimos 12 meses un total de 41 expedientes en relación a pisos turísticos ilegales, recaudando en sanciones desde la creación de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo un total de 1.100.000 euros. La máxima institución insular ha asegurado este miércoles que se ha multiplicado por tres respecto a la legislatura pasada la recaudación en multas por este tipo de irregularidades. En este punto es preciso recordar que el alquiler de pisos a turistas está prohibido en Ibiza y que sólo se permite el arrendamiento de viviendas unifamiliares a turistas, siempre y cuando estén dadas de alta como tal y hayan pagado su correspondiente tasa.

Este mismo miércoles, el Consell confirmó que había resuelto interponer una sanción de 20.000 euros a un ciudadano español por comercializar una vivienda turística ilegal en pleno centro de Ibiza, concretamente, en la calle Emili Pou número 11, en el barrio de La Marina.

El responsable del inmueble lo publicitaba turísticamente en una conocida página dedicada a este tipo de alquileres y cobraba 450 euros la noche, incluyendo servicios como sábanas, televisión o Wifi, además de una tarifa adicional de 50 euros por la limpieza.

Este ‘anfitrión’, como se conoce a los comercializadores de las viviendas turísticas en este tipo de páginas web, se anunciaba también en otro portal presentándose como un ‘super host’, utilizando un número que no se corresponde a la solicitud de inscripción en el registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos.

La infracción

El Consell ha relatado este miércoles que, cuando el servicio de inspección turística revisó la vivienda, pudo constatar que había sido alquilada por dos personas que realizaron la reserva para una estancia de 11 días a través de un portal comercializador.

Los inspectores tramitaron el expediente sancionador por una infracción en materia de turismo por publicidad, contratación y comercialización del inmueble sin haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o haber realizado la comunicación previa.
Inicialmente, la sanción impuesta fue de 20.000 euros, aunque el anfitrión reconoció los hechos y la multa fue rebajada un 20%, hasta los 16.000,80 euros.

El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha recordado este miércoles que una de las prioridades de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo ha sido canalizar todos los expedientes sancionadores y multiplicar la recaudación de las multas con respecto a la legislatura anterior. También señaló que desde la Oficina se han articulado propuestas, algunas de ellas aceptadas por el Govern, para mejorar la Ley turística. En este sentido, consideró que las sanciones, gracias a ello, han podido doblarse y pasar de 20.000 a 40.000 euros.

Juan recordó además que los inspectores pueden ahora realizar reservas de incógnito y hacerse pasar por turistas, lo que ha mejorado «mucho» la eficacia de sus servicios. «Con los mismos inspectores se pueden realizar muchas más inspecciones efectivas», insistió.

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El conseller resaltó también el acuerdo alcanzado con la plataforma Airbnb para ceder al Consell los datos de los anunciantes ilegales.

Entre las aspiraciones pendientes, Mariano Juan explicó que hace años solicitan al Govern una modificación normativa para poder llegar a cerrar los pisos turísticos ilegales. La propuesta se la habrían hecho llegar al Ejecutivo autonómico en diferentes ocasiones.

«Solo poniendo multas no conseguiremos atajar esta lucha. Las administraciones tenemos que poder cerrar los pisos turísticos y por eso el Govern tiene que modificar la ley y hacer caso a la propuesta que le ha hecho el Consell d´Eivissa para frenar esta actividad desde el momento en el que se denuncia. Hay que cerrarlos cuando son denunciados», afirmó. Para Juan, es la «única manera» de enviar un mensaje «contundente» a los infractores.

Debate

La lucha en Ibiza contra los pisos turísticos ilegales ha sido motivo de discusión en incontables ocasiones entre gobierno y oposición. El pasado verano, Mariano Juan ya advertía de que «mientras la izquierda no apoye nuestra propuesta de clausurar los pisos turísticos ilegales, el problema seguirá presente».

Desde el Consell recordaron entonces que, bajo mandato progresista en Ibiza, en el año 2016 se abrieron tan solo ocho expedientes por alquiler turístico ilegal frente a los 65 iniciados en 2021. Los socialistas, por su parte, criticaron que las viviendas turísticas ilegales seguían proliferando en las principales plataformas ante una actuación del Consell «absolutamente insuficiente».

Desde la Oficina Contra el Intrusismo de Ibiza anunciaron además que entre los años 2019 y 2021 se habían logrado retirar más de 400 anuncios de la plataforma de viviendas turísticas Airbnb. El grueso de estas intervenciones tuvo lugar en 2019, cuando la oficina logró que la conocida plataforma retirara 109 anuncios. Un año más tarde, en 2020, fueron 181 los anuncios suprimidos y ya en 2021 se retiraron 1.125, según el balance presentado desde la institución.

También se refirieron entonces al convenio firmado por el Consell con Airbnb. Un acuerdo que no supone ningún gasto para la institución insular y que, además, permite a la Oficina Contra el Intrusismo «obtener datos suficientes para iniciar procesos sancionadores» contra quienes publican ofertas de viviendas turísticas ilegales.

Este convenio había facilitado al Consell poder identificar entre 2019 y 2021 a un total de 74 infractores.