Tres informes de altos cargos del Consell d’Eivissa acreditan que la contratación de la campaña turística ‘La vida islados’ se hizo de forma correcta. El último de ellos está firmado por el secretario de la institución insular, Pedro Bueno Flores, el pasado 17 de enero. En él, este funcionario con habilitación de carácter nacional, da respuesta a la consulta jurídica elevada por el vicepresidente primero del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, sobre la cédula de citación recibida en noviembre de 2022 en la que el Juzgado de Instrucción número 4 cita a la institución insular para comparecer en calidad de perjudicado en las diligencias previas. Bueno Flores considera que el Consell d’Eivissa «no es ni puede ser considerado perjudicado» por la contratación de la polémica campaña turística «al ser ajustada a Derecho la tramitación de emergencia seguida y al no haberse provocado perjuicio alguno (tampoco económico) a la corporación».
En este sentido, el secretario de la máxima institución insular asegura que «no corresponde a este Consell Insular d’Eivissa ejercer la acción penal» en las diligencias previas abiertas que se siguen ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza «al no apreciarse perjuicio alguno para esta corporación» derivado de la contratación de la campaña turística ‘La vida islados’.
La jueza que instruye el caso también ha citado en calidad de perjudicada a la interventora del Consell d’Eivissa por un posible delito de coacciones.
Otros dos informes
El del actual secretario del Consell d’Eivissa es el último de los tres informes de altos cargos de la institución que avalan la actuación del equipo de gobierno en relación a la contratación de la campaña extraordinaria de promoción turística de la isla de Ibiza. El primero lo redactó la jefa de sección del departamento de Presidencia en septiembre de 2020 y sirvió para levantar el reparo interpuesto por la entonces viceinterventora. Y el segundo, pocas fechas después, a cargo del entonces secretario accidental de la corporación, Toni Riera Buforn, en contestación al recurso de reposición que interpuso el 7 de octubre de 2020 el portavoz del Grupo Socialista, Vicent Torres Guasch, al decreto por el que se tramitaba de emergencia la contratación de la campaña turística. En ambos casos, se respaldaba el proceder de Vicent Marí a la hora de adjudicar 250.000 euros a la productora Fuera de Escena.
Aplazamiento
La jueza de Instrucción número 4 de Ibiza aplazó hasta el mes de marzo la comparecencia de Vicent Marí para declarar por unos presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y coacciones tras una querella formulada por el Ministerio Fiscal.
La jueza había citado para el martes de la semana pasada a la interventora del Consell y al presidente el jueves, pero finalmente retrasó estas declaraciones, trasladando las citaciones al 7 de marzo.
Las actuaciones han sido abiertas por la vía del procedimiento abreviado tras una denuncia por un delito leve de prevaricación administrativa.
La ronda de testificales se abrirá con el testimonio de la afectada, quien acusa a Vicent Marí de coacciones. Finalmente, Vicent Marí declarará en calidad de querellado, mientras que el Consell d’Eivissa no se personará como perjudicado.
El presidente de la máxima institución insular, Vicent Marí, explicó días atrás que tiene «muchas ganas de comparecer ante el juez y explicar» todo lo relacionado con la contratación del vídeo promocional ‘La vida islados’, un caso que calificó como «un montaje del Partido Socialista». «He intentado una y otra vez dar mi versión de los hechos», afirmó Marí, «y no se me ha escuchado nunca ni por parte de la Fiscalía ni por parte de la oficina anticorrupción. Ahora, por fin, tendré la ocasión de dar mi versión de los hechos de un asunto que considero totalmente infundado y sin ninguna base, por lo que estoy deseando ir al juzgado y dar mi versión».
Marí insistió en que este caso está basado en «una manipulación del Partido Socialista» en la que no se le ha tenido en cuenta en ningún momento durante todo el proceso «y ahora por fin tendré la oportunidad de decir lo que tenga que decir y aportar las pruebas que tenga que aportar».
13 comentarios
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En efecto, no hay "perjuicio alguno para la institución" sino beneficio específico y evidente para un proveedor elegido discrecionalmente y a salvo de concurrencia competitiva de terceros. El problema es ese. La justicia dirimirá. En mi humilde opinión es un caso manifiesto de favoritismo que aprovecha la tesitura de un decreto de urgencia para colar un gasto que el tiempo ha demostrado innecesario: el turismo que tuvimos ese año fue netamente nacional y producto de ofertas.
lucidezQue Dios te conserve esa 'lucidez' que dices tener: por supuesto que los interventores han de hacer su trabajo, y hacerlo bien. Y también han de ser empáticos con las situaciones que vive la sociedad para la que trabajan. Seguro que tú no te quedaste sin trabajo durante la pandemia ni tuviste que pedir ayuda ni te viste con el agua al cuello con un negocio cerrado por culpa de la COVID. Yo, SÍ. Y nos guste o no, en Ibiza si no hay turistas no hay nada. Y a los políticos y a los empleados públicos les pagamos para que nos ayuden y más en situaciones como la que se vivió. Encerrados en un despacho, en la comodidad de un trabajo seguro, es muy fácil hablar. A los humildes mortales de la calle, nos cuesta más. Y sí: las cosas hay que hacerlas bien, pero hay que ser valiente y tomar decisiones valientes por el bien de todos. Una cosa que se llama saber dónde se está y estar a la altura.
Entonces un interventor no tiene que hacer su trabajo y denunciar una irregularidad, no? En plena pandemia covid un vídeo promocional no es una urgencia, no es una necesidad. Las urgencias estaban en otros lugares y el dinero se necesitaba para otros fines. A dedo, sin concurso, no se escoge una productora para un vídeo sobrepagado. Con urgencia se pueden entender otras necesidades (mascarillas, vacunas, etc..) y aún así, se tiene que hacer bien. Luz y taquígrafos siempre para el uso del dinero público, gobierne quién gobierne, esa debería ser la premisa inamovible, pero parece ser que a los que gobiernan (sean unos u otros) nunca les interesa. Exigir claridad y buena praxis no debería sonar siempre a complot preelectoral. Hagan las cosas bien SIEMPRE y no habrá margen para falsas acusaciones o al menos tendrán corto recorrido. Les pagamos para eso, no lo olviden tan a menudo.
250.000 leuros por un vídeo que acumula 3.000 reproducciones en las plataformas dónde está colgado, exitazo de inversión (presuntamente a dedo). Pero ya se sabe, como suelen hacer todos los políticos, la culpa es de la oposición que me denuncia porque me tiene envidia
Toni DimoniQue vergüenza para los socialistas históricos ver quien maneja ese partido hoy en día.
Desde es racó¿ Tu abuela es la Concejal de Vila de la chapuza esa de la denuncia y devolución del importe por la retirada de su coche por la grúa municipal por estar mal aparcado ?
No som bámbus¿ Alguna denuncia-propaganda más para salvar al soldado PSOE hundido hasta la cintura en el barro electoral ?
Algún informe favorable más por ahí, para salvar al soldado Ryan????????
Como tantas cosas de los políticos, yo no digo que sea ILEGAL. La cuestión es que no es ETICO gastarse esa burrada en un spot con el dinero que se podían haber hecho 20. Que además es pagar a alguien para que pague a otro que se lo haga. Está mal, sea legal o no y debería haber responsabilidades.
Tres informes hechos por tres altos cargos que puso VicentE Marí a dedo. Esta película suena para los Goya del año que viene. El Reino II.