Negar la evidencia como estrategia electoral

Los demandantes de ocupación entre el 1º de noviembre y el 23 de diciembre del año pasado, que cobraban una prestación contributiva o subsidio de desempleo, recibieron la promesa del Govern de cobrar una ayuda social de 300 o 600 euros, de forma automática, en un único pago y sin necesidad de presentar ninguna solicitud. El Govern aseguró que se pagaría antes del 31 de marzo, pero el plazo no se ha cumplido en todos los casos y hay muchos beneficiarios indignados porque no han cobrado según se les dijo.

Ahora el Govern está enviando una carta datada en «Palma marzo 2023», que firman la presidenta Francina Armengol y los consellers Fina Santiago y Iago Negueruela, donde se asegura que «el abono de las ayudas ya se está haciendo efectivo y está previsto hacer todos los pagos antes del 15 de abril». Una demora de la que no se informó y que llega tarde, porque la mayoría de los desempleados ya están trabajando. Pero se diría que persigue acercar al máximo posible el cobro de la ayuda con la celebración de las elecciones. Y para que sepan gracias a quién han cobrado esta inesperada propina, una cartita con la firma de los responsables que lo han hecho posible, aunque sea con retraso.
Lo cierto y verdad es que no se recuerda una campaña electoral donde en los meses y semanas previas se haya repartido más dinero público a más gente. El famoso escudo social del Govern, dotado con más de 200 millones de euros, con evidentes tintes peronistas.

Pero la característica más perniciosa de cualquier gobierno en general y del Govern de PSOE, Més y Podemos en particular, es la de negar la realidad, intentar hacer creer que lo blanco es negro y lo negro, blanco. Nunca se admite el menor error creyendo que si se hace, se da alas a la oposición. Y así tenemos a los miembros del Govern negando que haya ningún problema en la sanidad pública, pese a las protestas en la puerta del Hospital Can Misses, a la vez que el PSOE ibicenco pide explicaciones al Consell d’Eivissa sobre la titulación del personal de la residencia privada Colisée.
Pero la situación de falta de profesionales cualificados, que ya es crónica y generalizada en las Pitiusas, va camino de poner en riesgo los servicios esenciales, comenzando por la atención hospitalaria. Y en lugar de buscar una solución, se niega que haya problemas, se defiende la excelencia de la atención que se presta, se ignoran las protestas y se atiza al rival político con otros asuntos para desviar la atención.

De algún modo, parece que los ocho años que Armengol lleva al frente del Govern pasan factura y que la forma de abordar algunos problemas que el Pacte de Bellver no ha sido capaz de embridar, es negándolos o minusvalorándolos. Y esa no es forma razonable de abordar ninguna problemática, muchos menos una extremadamente grave como es la situación del acceso a la vivienda y la crisis en la sanidad pública de las Pitiusas.

Y aún menos aceptable es que se compare con otras comunidades autónomas donde gobierna la derecha, como hace recurrentemente el Govern, porque son ellos los que gobiernan, aquí y ahora. Que la derecha lo hará peor, es un futurible. Que la izquierda ha fracasado estrepitosamente en algunos asuntos capitales, que lastran el bienestar y el progreso de Balears, a la vista está. Y la propaganda, el autobombo y ‘sa repartidora’ no lo van a poder tapar