Carmen Tur y Antònia Maria Cirer, minutos antes de la charla con ‘Periódico de Ibiza y Formentera’.

Para la bióloga Antònia Maria Cirer y la activista Carmen Tur, el año 2018 marcó un antes y un después en la lucha contra la invasión de serpientes. Según relata la propia Cirer, aquel año pudieron constatar el malestar y la gran preocupación existente entre los payeses de la isla -principalmente los de Santa Eulària- por el rápido aumento de las poblaciones de serpientes.
«De inmediato vimos que debía hacerse una gran demanda a todas las fuerzas políticas para que se pusieran las pilas y actuaran», afirma.

En el último trimestre de aquel año, Cirer y Tur ya habían conseguido que todos los ayuntamientos, así como el Consell, aprobaran declaraciones institucionales solicitando medidas urgentes encaminadas a preservar la lagartija pitiusa. Entre otras cosas, se consideraba necesario implantar controles de entrada en el puerto de Ibiza para evitar la introducción de más ofidios, así como planes de erradicación efectivos contra los ejemplares ya existentes. Entonces, la invasión afectaba a un punto muy localizado de la isla, «ni mucho menos la mitad de Ibiza, como sucede ahora>», puntualiza Cirer.
Pasado el tiempo, en febrero de 2019, la propuesta de estas dos mujeres llegó al Parlament, donde se aprobó una ponencia firmada por todos los partidos con representación y con un único objetivo: salvaguardar las poblaciones de lagartijas.

Medidas

La unanimidad conseguida ahora durante la tramitación del decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la protección de la lagartija pitiusa y la lucha contra las serpientes, sin duda, tiene su base en aquel trabajo iniciado por Cirer y Tur, según considera la bióloga.
Según añade, el decreto ley aprobado en la actualidad es «bueno y está muy bien pensado», aunque «solo cierra la puerta de entrada» a las serpientes, sin considerar qué puede hacerse para eliminar ejemplares ya introducidos.

«En este sentido, el Cofib (Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares) va muy atrasado en relación a lo que debería hacer, porque es el encargado de poder asesorarse en otras zonas del mundo y resulta que lo único que hace es poner trampas, que es algo que ya realizan los voluntarios y payeses», explica Cirer. Según cree, el Cofib debería dirigir sus esfuerzos a buscar ideas e impulsar una «contundente» lucha contra las serpientes, algo que podría hacerse a través de fumigaciones biológicas en los recovecos donde permanecen. «Las lagartijas están desapareciendo en muchos lugares», lamenta Cirer, quien reclama de manera urgente la creación de reservorios donde preservar esta especie.

El apunte

La lucha

La activista Carmen Tur ironiza sobre el tiempo que se ha tardado en aprobar una medida que evite la introducción de especies invasoras en la isla. Sin pelos en la lengua, considera que la reciente aprobación del decreto ley es «electoralista por completo».
Según recuerda, tanto ella como Cirer no cejaron en su empeño y llamaron a todas las puertas posibles para exigir acciones destinadas a proteger la lagartija pitiusa, dirigiendo además escritos tanto a Autoridad Portuaria como a la propia presidenta del Govern, Francina Armengol.

«Conseguimos que los cinco ayuntamientos y el Consell aprobaran declaraciones institucionales para exigir una solución. La propuesta llegó a entonces a una comisión que, según parece, ha estado hibernando como hacen las serpientes. La hibernación de los políticos ha durado cuatro años», consideró.
En algunos de los escritos dirigidos al Govern, Cirer y Tur explicaban cómo las Pitiusas» nunca habían tenido serpientes» y, debido a su aparición, «son más que evidentes las pérdidas materiales y biológicas que implican su actividad depredadora sobre la fauna autóctona de las Pitiusas».

En las misivas, lamentaban que estos reptiles comenzaron a verse en Ibiza en 2003. Entre otras cosas, sugerían que la prioridad era cerrar la puerta de entrada a las especies invasoras con un control efectivo sobre las mercancías que llegan a la isla, «revisando desde el Govern o solicitando al Gobierno de España, si fuera necesario, protocolos más restrictivos y eficientes».