«Ningún miembro de este Gobierno va a decir nada más al respecto de lo que ya se dio en su momento sobre el ‘caso Puertos’». Así de tajante se ha mostrado este lunes el portavoz del Govern balear, Iago Negueruela, ante las preguntas de varios medios de comunicación referentes a las nuevas informaciones publicadas este lunes por Periódico de Ibiza y Formentera, en la que dos altos cargos de la Autoridad Portuaria de Baleares reconocían que se se ha hecho «fatal y lo seguimos haciendo fatal» en relación a la adjudicación del Club Náutico de Ibiza.
Negueruela tiró del argumentario esgrimido en los últimos meses por el Ejecutivo autonómico e insistió en que «ya hemos dado toda la información pertinente al respecto» y la causa está «en secreto de sumario y no tengo nada más que añadir».
Una de las cosas relacionadas con este caso y de la que quisieron opinar los miembros del Govern balear es sobre la decisión de la juez que instruye la causa, Martina Mora, de citar a declarar con la condición de investigado al alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, quien tendrá que comparecer en la causa el próximo 21 de junio.
La magistrada decidió hace un mes su comparecencia en el procedimiento pero planteó a las acusaciones que se pronunciaran si debía ser como testigo o como investigado. Entendió que debía hacerlo como investigado «en aras a garantizar sus derechos constitucionales de defensa». Además, añadió que, de lo investigado, «se desprenden indicios de que su actuación puede no haberse limitado a un acompañamiento impune a la decisión presuntamente prevaricadora que se investiga».
La Fiscalía entiendió que, por ahora, no existen indicios de delito y reclamó que solo fuera testigo. La acusación particular que ejerce la empresa Doce Millas, sin embargo, sostuvo que, dada la participación de Ruiz en la adjudicación del Club Naútico de Eivissa a través del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y ante las conversaciones intervenidas que mantuvo, entre otros con el presidente del organismo, Joan Gual de Torrella, debía hacerlo como imputado.
La magistrada entendió finalmente que Ruiz debía poder declarar con garantías procesales como investigado y, dado que tendrá que responder preguntas incriminatorias para él, no puede tener la obligación de decir la verdad que se le exige a un testigo. «La ponderación entre el gravamen social o mediático que puede representar el llamamiento de esta persona en calidad de investigado y el gravamen jurídico al derecho de defensa en caso de ser obligado a decir la verdad sobre hechos que podrían incriminarle debe resolverse a favor de este último», señaló la juez
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