Los promotores sugieren casas compartidas para que los funcionarios no se vayan de Ibiza

El delegado de la patronal de los promotores inmobiliarios en Ibiza, Bartolomé Ramón, aseguró que «si la normativa que tenemos actualmente no te permite o te pone trabas a la construcción» poco se va a poder hacer para dotar a estos funcionarios de una vivienda digna «y van a tener un problema real». Asimismo, reconoció que no existen «soluciones rápidas» porque no hay ninguna normativa que a día de hoy diera solución a este problema.

Así, recordó algunos de los asistentes a la charla que el precio de la vivienda de protección oficial de régimen general en todos los términos municipales de la isla supondría un alquiler mensual para una vivienda de un dormitorio de algo más de 400 euros al mes, de dos dormitorios poco más de 600 euros mensuales, y de tres dormitorios alrededor de los 750 euros. «Todos estos funcionarios que no pueden o que no quieren venir a Ibiza porque no tienen vivienda podrían alquilar e incluso comprar estas VPO», ya que su precio es de 125.000 euros las de un dormitorio, 166.000 euros las de dos y 215.000 las de tres.

Más soluciones

Otra de las soluciones que se podrían dar para estos trabajadores públicos que deben desplazarse por temporadas a Ibiza es el coliving, que es una forma de alojamiento en la que varias personas ponen su vida en común. Cada una tiene sus propias estancias individuales o de pareja, tales como un dormitorio y un baño. Sin embargo, pueden compartir otros espacios como cocinas, salas de estar, espacios de trabajo, terrazas, jardines, salas de juegos, etcétera.

El problema de esta modalidad, según explicó el presidente de PROINBA, Luis Martín Abati, es que «no está lo suficientemente regulado y el promotor vive ahí en la semiilegalidad».

Pero más allá de la problemática de la vivienda para aquellas personas que deben desplazarse a la isla para trabajar, los promotores inmobiliarios reconocieron que el verdadero problema lo tienen los residentes en la isla y sus descendientes, que difícilmente podrán conseguir una vivienda en la isla, «al igual que los estudiantes que han salido a estudiar fuera de la isla, que ante la perspectiva de no tener vivienda o de tenerla a un precio que duplica a los de la península, optarán por no volver a Ibiza», afirmó Bartolomé Ramón.

El suelo más caro del país

Y es que las islas de Ibiza y Formentera están batiendo todos los récords en negativo relacionados con la vivienda, según denunciaron desde PROINBA. «Tenemos el suelo más caro de toda España con diferencia», afirmó Martín Abati. «Estamos en el doble de costes de construcción que el resto de España», lo que hace que la vivienda «tenga el precio más alto», lo que obliga a su vez a las familias de las Pitiusas a dedicar un mayor esfuerzo económico para adquirir una casa. Si la media estatal en todo el territorio español es de siete años de sueldo íntegro, esta cifra se dispara a los 15 años en el caso de Ibiza y Formentera. A todo esto hay que sumarle otro récord en negativo, y es que «tenemos el menor porcentaje de vivienda pública de toda España», indicó el presidente de la patronal de los promotores.

Una situación que achaca a que «nos hemos equivocado todos, especialmente los políticos» que en las dos últimas legislaturas han hecho muy poco en materia de vivienda, lo que ha «agravado la situación». «Estamos limitados porque se ha confundido la protección del territorio, con la que estamos alineados, con una protección «poco inteligente», que ha acabado afectando a las familias. El resultado de estas políticas, según los promotores inmobiliarios, es que «no hay suelo disponible a un precio económico que permitan construir viviendas asequibles».

A todo esto, Luis Martín Abati añadió la inseguridad jurídica que se ha vivido en los últimos años. «No hay empresa que pueda resistir al cambio de reglas cada 10 minutos», según reconoció, lo que hace más difícil que haya «inversión en un entorno donde no hay seguridad jurídica».

El alquiler «no es la solución»

Otro factor que afecta no sólo a los promotores, sino también al precio de las viviendas, son los excesivos tiempos que maneja la administración tanto para conceder licencias como para dar los finales de obra. «Los ayuntamientos por ley tienen que dar las licencias en un plazo de tres meses, algo que no cumplen», insistió.

Desde PROINBA reconocieron a su vez que el alquiler no es la solución porque la estructura salarial, la estructura de pensiones y el entorno hipercambiante en materia de legislación sobre el alquiler «crea una tremenda inseguridad para el inquilino y para el propietario». «El inquilino se encuentra con que posiblemente va a tener una pensión más baja proporcionalmente a los niveles actuales, y va a estar sujeto a un alquiler, que no le va a permitir hacer el ahorro patrimonial que supone haber comprado la vivienda, con lo que el día que se jubile se va a encontrar una escasa pensión y un alquiler que posiblemente haya sufrido de aquí a 20 años cuatro, cinco o 10 modificaciones legislativas», relató Martín Abati, «por lo que se encontrará en un entorno muy inseguro que le puede abocar a necesitar ayuda social para poder sobrevivir».

La solución a la problemática de la vivienda pasaría por la colaboración público-privada, y que los ayuntamientos y los consells actúen sobre las áreas de crecimiento y que el escaso suelo del que se dispone se use de la mejor manera posible sin consumir más territorio. Esto llevaría a plantearse «las alturas, y sobre todo las densidades». Y es que en los planes generales y en las normas subsidiarias «se marca una media histórica desde hace muchos años de 100 metros cuadrados por vivienda», destacó el presidente de PROINBA, «y estamos viendo que la demanda está yendo hacia una vivienda de no más allá de 60 metros», por lo que las administraciones «deben entender que lo que tenemos que hacer es cubrir la demanda real, es decir, viviendas de 50 o 60 metros que es lo la gente puede pagar y es lo que necesitan para vivir».