Miquel Jerez durante una rueda de prensa en el aeropuerto de Ibiza. | Irene Arango

Miquel Jerez, candidato de Partido Popular de Ibiza al Senado, y Mabel Navarro, integrante de la lista a la Cámara Baja, han explicado que ante el «creciente problema de la okupación en nuestro país» las propuestas de la izquierda no han hecho otra cosa «que echar más leña al fuego», dejando «indefensos a los propietarios víctimas de la okupación que ven cómo la inseguridad jurídica les hace sufrir un calvario dificultando que recuperen sus viviendas», han manifestado. Ambos candidatos han asegurado entender «el miedo que sienten muchos propietarios de alquilar una residencia ante el aumento de casos de okupación» y han remarcado que es «esencial» reforzar la seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles ante este incremento de casos y tener «tolerancia cero» desde la administración pública frente a este fenómeno.

Jerez y Navarro han asegurado que con el Partido Popular «esta nefasta Ley de la Vivienda de los socialistas será historia» y se aprobará una Ley contra la Ocupación Ilegal para que los propietarios recuperen su vivienda en un plazo de 24 horas.

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«Al okupa hay que desalojarlo, y a los propietarios que sufren una okupación hay que protegerlos» ha aseverado Jerez. El popular ha lamentado que en España, comparado con países vecinos de Europa, «asistimos a la defensa de la okupación», y es que mientras en países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, los desalojos de okupas se producen en 24-48 horas y con juicios rápidos, «en nuestro país se tarda más de año y medio en desokupar una casa». En 2021 el periodo medio fue de 18,1 meses, periodo que ha ido aumentando con el paso de los años, según han explicado desde el Partido Popular.

Jerez y Navarro han explicado que con el gobierno de Feijóo, los propietarios de viviendas en Ibiza y Formentera «podrán dormir tranquilos» sin miedo a alquilar o a tener su casa vacía un tiempo «porque si se la okupan, se desalojará en 24 horas». Además, se reforzarán las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel, se mejorará la protección jurídica frente a la actuación de las mafias y se devolverá las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación ilegal, entre otras medidas.