Los registros del 'caso Puertos' se llevaron a cabo en julio de 2020. El secreto se había decretado en abril de ese mes. | Josep Bagur Gomila

La Audiencia Provincial avisa a la magistrada del ‘caso Puertos’ que el secreto de sumario tiene que tener un límite. El tribunal ha resuelto esta semana tres de los recursos impuestos por la defensa del antiguo presidente de la Autoritat Portuària, Juan Gual de Torrella. En los tres autos confirma las prórrogas del secreto dictadas en diciembre del año pasado y marzo y abril de este. Sin embargo, por primera vez, las magistradas muestran dudas por el mantenimiento de la medida. «Aún siendo conforme a derecho, no es factible que se prolongue prácticamente sine die», señalan los tres autos, idénticos.

Las magistradas afirman que el secreto es una herramienta legal y necesaria en casos en los que, como este, se combate un supuesto de corrupción. Sin embargo, añaden: «Es evidente también que no aparece como razonable un secreto de actuaciones que se prolonga durante años y que coloca a posibles implicados en situaciones de afectación de sus vidas personales y profesionales». Las resoluciones de la Audiencia reclaman a la instructora que aclare en las próximas prórrogas del secreto como avanzan las investigaciones, más allá de los argumentos sobre la enorme cantidad de documentación a analizar y la falta de colaboración de algunas instituciones. Le piden que incluya un «calendario razonable de previsiones sobre la labor que efectúa a fin de que se pueda controlar los tiempos de examen de lo intervenido». También que aclare cuántas piezas de investigación se mantienen abiertas, si bien señala que esos datos no tienen que ser necesariamente comunicados a las defensas si se mantiene el secreto.

El ‘caso Puertos’ arrancó tras una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en el año 2020. Desde abril de ese año permanece en su mayoría bajo secreto. La instructora ha levantado la medida solo de dos piezas, la 3 y la 4, que afectan a contratos de amarres en Menorca y al Náutico de Evissa. El resto de la causa permanece oculto por ahora. En la última prórroga, de hace diez días, la magistrada insistía entre los argumentos que daba en que aún faltaba documentación por analizar y que, esta podría provocar nuevas imputaciones y la necesidad de pesquisas que requieran ser discretas.