El obispo Vicent Ribas, en una imagen de archivo de la entrevista en TEF a principios de este mes de octubre.

El obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, reiteró este domingo a través de un extenso comunicado que la Diócesis pitiusa ha colaborado en todo momento con el Defensor del Pueblo a la hora de elaborar el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia católica.

Según consideró Ribas, el resultado del trabajo presentado el viernes «no es exacto ni veraz». También declaró que «se ha colaborado con el Defensor del Pueblo en lo que ha solicitado y en los límites que el estado de los dos casos aconsejaba, teniendo siempre en cuenta el bien, la integridad y el honor de las personas».

Cabe recordar que en la presentación de dicho trabajo, se aseguró el pasado viernes que en las Pitiusas habían sido reportados ocho casos y se afirmó además que la Diócesis de Ibiza y Formentera era una de las que no había colaborado a la hora de facilitar información sobre los mismos, un aspecto que el pasado viernes el propio obispo Vicent Ribas ya negó a este rotativo.

El detalle
En una nota aclaratoria, el prelado aclaró ayer, punto por punto, la actuación de la Diócesis pitiusa en todo este asunto. En relación a la cronología de los hechos, Ribas explicó que el pasado febrero él mismo recibió una carta del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, informando sobre el inicio del proceso. También la Conferencia Episcopal manifestó al obispo ibicenco sus intenciones de colaborar en la elaboración del informe.

Datos sobre los casos de abusos en la Diócesis de los que se haya tenido conocimiento desde 1950 o sobre los protocolos de intervención, eran algunas de las informaciones solicitadas por el Defensor del Pueblo.

El obispo explicó ayer cómo él mismo daría cuenta de las denuncias de abusos registradas, encargando al mismo tiempo a la Oficina Diocesana de Protección al Menor que respondiera sobre los dispositivos y protocolos llevados a cabo.

Así, desde la Diócesis confirmaron que desde 1950 habían conocido dos denuncias por presuntos abusos. La primera databa de 2011 y fue desestimada por la Justicia ante la falta de pruebas e incongruencias en la declaración del denunciante.

En el segundo caso, del año 2020, la Diócesis ayudó a la víctima a acudir a los tribunales civiles, donde se abrió una causa que está pendiente de juicio.

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Al mismo tiempo, el obispo explicó que, desde el pasado mes de febrero, fueron varios los correos electrónicos intercambiados entre la Oficina Diocesana de Protección al Menor y el Defensor del Pueblo para recabar información. Si en febrero se solicitó el nombre de la persona encargada y la dirección postal de la Oficina, tras responder a estas cuestiones y hasta el 2 de junio no se recibió ninguna comunicación más.

Ese día, mediante una llamada telefónica, se volvieron a requerir los mismos datos que fueron de nuevo aportados, insistió Ribas.

Al no recibir respuesta, el 6 de junio se contactó con el Defensor del Pueblo, desde donde se confirmó haber recibido contestación a las diversas dudas suscitadas sobre el protocolo de protección de menores existente en la Diócesis.

Entre otras cuestiones, el obispo Vicent Ribas también relató cómo el 5 de mayo recibió una segunda carta del Defensor del Pueblo, agradeciendo su primera contestación e indicando que faltaban «datos esenciales» como el tipo de abusos, las siglas de los nombres y apellidos del victimario o el lugar concreto de los hechos.

Desde el Defensor del Pueblo le aseguraron incluso que había un tercer caso, aunque el obispo replicó que en sus archivos no había constancia de ese presunto abuso.

El informe
El obispo, en su explicación, se refirió también a los datos reflejados en el informe sobre la Diócesis pitiusa. Según afirmó, el primer dato que aparece sobre Ibiza se refiere a un capellán castrense, cuya jurisdicción pertenece al Arzobispado castrense y sobre el que la Diócesis de Ibiza y Formentera no tenía competencia alguna.

«Lamento profundamente las conclusiones y especialmente las extrapolaciones que tan libremente ha hecho el Defensor del Pueblo de lo que son unos datos concretos y de una encuesta realizada sobre una base poblacional tan limitada y a la que se ha encuestado de una manera tan genérica», prosiguió el obispo en su escrito.

Este lunes los obispos están convocados a una reunión extraordinaria de la Asamblea Plenaria, de la que podrá salir una valoración «mucho más exhaustiva» del Informe en su conjunto, de su metodología y de su «arbitraria extrapolación» de datos, concluyó Vicent Ribas.