Firma del convenio realizada este viernes en el Consell de Ibiza.

El Consell de Ibiza firma dos convenios de acuerdo de acción concertada con la Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad de Baleares, AMADIBA y con la Asociación Pitiusa Pro Salut Mental, APFEM, para la prestación del Servicio de Vivienda Supervisada para Personas con Discapacidad Intelectual y/o del desarrollo de Ibizaa, y diferentes soportes complementarios asociados al servicio. En total se han adjudicado 27 plazas, lo que supone aumentarlas en 15 respecto a las 12 que había concertadas hasta ahora. Además se ha previsto un complemento de soporte de alta intensidad en cada una de estas plazas.

Concretamente, la adjudicación firmada corresponde a 20 plazas del servicio, y el complemento de alta intensidad, para la entidad AMADIBA, por importe máximo de 783.582 euros y un total de 7 plazas para APFEM por importe máximo de 274.253,7 euros.

Asimismo, se han aprobado otros complementos asociados al servicio para cubrir posibles necesidades de apoyo por motivos médicos, conductuales o excepcionales, que se adjudicarán en su caso por resolución, con un importe máximo de 78.131,3 euros.

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El Servicio de Vivienda Supervisada para Personas con Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo es un Servicio residencial de carácter permanente, o temporal, para personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que necesitan supervisión y soporte de diferente intensidad. Se organiza en viviendas ordinarias que constituyen el domicilio habitual de la persona.

Las personas destinatarias son personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, a partir de 16 años, con un porcentaje de discapacidad igual o superior a un 33% y con necesidad de soporte extenso y generalizado.

Cartera de Servicios Sociales

La concertación de los servicios sociales es una realidad gracias a la aprobación de la Cartera de servicios sociales que realizó el Consell de Ibiza en sesión plenaria el pasado 15 de marzo de 2023, haciendo realidad «el cambio de paradigma que implica la concertación social como herramienta de financiación de los servicios por los colectivos más vulnerables, pasando de un modelo conceptualmente basado en las subvenciones, a la consolidación de derechos de las personas usuarias mediante la fórmula de la concertación social», tal y como explicó la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell.