Vila restringirá el acceso de vehículos de grandes dimensiones a los aparcamientos disuasorios. | Moisés Copa

El Ayuntamiento de Ibiza ha manifestado este viernes que continuará con las actuaciones para evitar el abandono de turismos y adoptará medidas para la ordenación del estacionamiento en el municipio como, por ejemplo, reduciendo el tiempo máximo que un vehículo puede estar aparcado en la misma zona para facilitar la rotación, limitando a 72 horas el estacionamiento en parkings disuasorios y restringiendo el acceso de vehículos de grandes dimensiones.

El plan de choque contra los vehículos abandonados en el municipio comenzó el pasado 8 de marzo con una intervención policial en la zona de sa Joveria, donde se identificaron 53 vehículos. El artículo 57 de la ordenanza municipal de circulación limita el estacionamiento de un vehículo en la misma zona un máximo de 15 días. Por tanto, a partir de los 15 días si la Policía Local comprueba que los vehículos inspeccionados continúan allí se podrán interponer denuncias. Además, los agentes también comprobarán si los vehículos disponen del correspondiente seguro obligatorio (no contar con el puede conllevar una sanción de 900 euros) y si han pasado la Inspección técnica de vehículos, ITV (no haberla pasado durante la fecha correspondiente está penalizado con 200 euros).

El Ayuntamiento de Ibiza ha querido recordar este viernes que esta actuación en sa Joveria se inició debido a las quejas por las malas condiciones en las que se encuentra la zona, donde también se habían concentrado residuos y deshechos que suponían un riesgo de incendio. En tan solo dos días el servicio municipal de Limpieza retiró más de 5.000 kilos.

Además, esta iniciativa contra los vehículos abandonados se ampliará a otras zonas del municipio donde se han detectado concentraciones de abandono de coches y de vehículos aparcados durante más de 15 días con el objetivo de mejorar la ordenación del aparcamiento y favorecer la rotación de turismos. Además, el Ayuntamiento de Ibiza está analizando modificaciones en la ordenanza de circulación para, en caso de necesidad, adaptarla a la futura Zona de Bajas Emisiones que marca la ley a las administraciones insulares y a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes.