El Consejo de Administración de APB reunido el pasado mes de septiembre.

De los 20 miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) que debían decidir sobre el futuro del Club Náutico Ibiza, solo uno, el conseller ibicenco Mariano Juan, votó en contra de la adjudicación de la gestión de esta entidad a la empresa Puertos y Litorales Sostenibles SL. Juan mostró su disconformidad con la decisión basándose en la diferencia de criterios con la Abogacía del Estado en lo relativo a una de las alegaciones que habían presentado los actuales gestores del club.

En concreto, la referida a la imposibilidad de que la empresa finalmente adjudicataria participara en el proceso tras haber sido condenado por estafa su administrador «de hecho», Alberto Pedraza. Una consideración que la Abogacía del Estado echó por tierra remitiéndose a «una resolución de la junta consultiva de 2020 que establece que fraude solo se refiere a tres delitos del Código Penal entre los que no estaría incluido el cometido por uno de los licitadores», según ha explicado el vicepresidente del Consell d’Eivissa.

Mariano Juan expresó durante este debate sus «dudas al respecto» al entender que la interpretación de la Abogacía del Estado «es muy restrictiva». El vicepresidente ha señalado que, además, tanto los informes de la Abogacía del Estado como los de los «funcionarios públicos e independientes» analizados durante la reunión eran favorables a la concesión de esta adjudicación a Puertos y Litorales Sostenibles SL. Y lamentó que las bases de este concurso, aprobadas en 2022, no tuvieran en cuenta la defensa del «papel social» de entidades como el Club Náutico de Ibiza.

«Entiendo la postura de la Abogacía del Estado, de los consejeros y de la presidencia y la directiva de la Autoridad Portuaria», ha concluido, «porque se ven vinculados por las bases que establecen los criterios».

A favor de esta concesión votó el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba. Y también lo hicieron los representantes del Govern, los consellers Juan Manuel Lafuente y Marta Vidal, además del director general de Costas, Carlos Simarro, y de Luis Ramis de Ayreflor. Un voto a favor de la concesión que llama la atención considerando que el Govern siempre se ha mostrado partidario de que la concesión del Náutico se mantuviera en manos de sus actuales gestores.