Un momento de la recogida de firmas por las carreras ilegales en Ibiza. | Juan A. Torres

Afectados por las carreras ilegales en sa Cala presentaron ayer en el Ayuntamiento de Sant Joan un escrito con más de 350 firmas denunciando la situación que viven desde hace años en esta zona del municipio y solicitando también soluciones urgentes a las administraciones competentes. Entre ellas, según el vecino y portavoz Gustavo Alcaide, se plantea la necesidad de implantar radares de velocidad y de ruido para medir los decibelios y, además, la colocación de cámaras disuasorias en el tramo de carretera que transcurre desde el Camp d’Aprenentatge, en el kilómetro 6, hasta donde acaba la prueba ibicenca de la Pujada a Sa Cala, en el kilómetro 3. No obstante, mientras se resuelve esta «grave situación» con la aplicación de medidas urgentes, exigen en el documento entregado ayer que se impida de forma inminente «la celebración de estas competiciones automovilísticas ilegales en nuestras carretas porque son ilícitas y suponen un peligro para todos».

Reunión con la DGT

En este sentido, Alcaide señaló que pronto se reunirán las administraciones competentes con la Dirección General de Tráfico de Baleares (DGT) para tratar estas medidas de seguridad. Al respecto, estos afectados solicitaron también llevar a cabo cuanto antes un plan piloto de prevención contra estas prácticas irregulares que se pueda extrapolar a toda la isla. «Lo que vivimos cada fin de semana aquí es muy peligroso; durante la mañana corren motos y por las noches vienen coches tuneados como en ‘The Fast and the Furious’. Todos estos vehículos sobrepasan la velocidad establecida, hacen mucho ruido, realizan trompos y adelantamientos temerarios con mucho riesgo en una carretera llena de curvas», lamentó este vecino, resaltando que, aunque llevan muchos años denunciando esta grave situación ante las autoridades, la última edición de la Pujada a Sa Cala supuso para los vecinos «un punto de inflexión» porque estos conductores estuvieron 20 días por la noche realizando estas carreras ilegales y pruebas cronometradas en la zona.

«Tenemos un dossier con información de algunos vehículos que han participado en estas competiciones y lo llevamos a la Policía junto con más denuncias», explicó, recordando la reunión que mantuvieron con representantes del Consell, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Sant Joan para abordar esta grave situación de riesgo a la que está expuesta la población. «Vienen muchos niños al Camp d’Aprenentatge Sa Cala y también hay muchos mayores que se acercan el fin de semana al centro de jubilados», manifestó junto a otros dos vecinos afectados. Ellos eran Vicent Torres y Mari Mar Fernández, quienes denunciaron también el riesgo de estos adelantamientos en las curvas sin visibilidad. «El ruido de estos vehículos se puede llegar a escuchar hasta las cuatro de la madrugada», lamentó Mari Mar.

Riesgo de incendio

Además, Gustavo Alcaide informó de que en el punto kilométrico 5 «hay de todo por culpa de estos corredores»: desde desperfectos hasta residuos. «Cuando se celebra la Pujada estas personas acampan en esta zona y convierten este punto kilométrico en un área de alto peligro por incendio», agregó este afectado, resaltando que, afortunadamente, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Joan y del Consell d’Eivissa. Sin ir más lejos, durante la entrega de estas 354 firmas, estaba el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Joan Marí, quien añadió que el Consistorio apoya totalmente estas reivindicaciones vecinales y dichas medidas. Es por eso que, según Marí, esperan la colaboración de la DGT en materia de seguridad en la próxima reunión. «Se han aumentado los controles de tráfico y es verdad que hay menos carreras, pero se siguen realizando hasta altas horas de la madrugada. En la reunión hablaremos sobre las medidas urgentes para erradicar esta práctica ilegal», destacó el concejal. También recordó que se celebró un encuentro de la Junta Local de Seguridad en el que la Policía Local de Sant Joan, sin competencias en materia de tráfico, la Guardia Civil y el Consell intervinieron para abordar la situación y «erradicar este problema».