Imagen de archivo de un grupo de viviendas de Ibiza. | Moisés Copa

El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, se reunió este miércoles con el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín Ramiro, para estudiar la situación crítica que están sufriendo las islas. Durante la reunión se lamentó la negativa del Gover balear del PP a declarar las islas zonas tensadas y, de esta manera, poder poner topes a los precios de los alquileres. El director general se planteó que, ante este escenario, se pueden buscar líneas de colaboración con los ayuntamientos - como ya se está haciendo en Galicia, por ejemplo – para que estos declaren sus municipios como zonas de difícil acceso a la vivienda y puedan beneficiarse de la Ley Estatal.

Esta normativa fija unos precios máximos de alquiler a las zonas nombradas ‘tensas’, donde los costes por acceder a la vivienda se han disparado en los últimos años, haciendo su acceso inasumible para una parte importante de la población. Esta situación ha llevado a centenares de personas a encontrarse viviendo en estos momentos en caravanas, coches o tiendas de campaña.

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El senador considera que, todo y que en estos momentos en Ibiza y Formentera todos los ayuntamientos están gobernados por el Partido Popular, «seguro que serán sensibles a buscar una solución a esta problemática», atendiendo que la situación en las Pitiusas es más grave que en Mallorca y Menorca. Ferrer ha recordado que la mayoría de las medidas que contemplan los decretos urbanísticos de acceso en la vivienda impulsados por el Govern Balear de Prohens han sido rechazadas en pleno por todos los ayuntamientos de Ibiza y Formentera. «En estos momentos, nos encontramos con una situación de inacción total por parte del Govern, ya que, por una parte, ni los ayuntamientos que gobierna el PP quieren las propuestas que hace su Gobierno, pero por otra parte, el Ejecutivo de Prohens bloque la única medida que a corto plazo puede poner freno a la escalda de precios», ha afirmado Juanjo Ferrer.

Por otra parte, en la reunión el senador planteó también la posibilidad de que las residencias militares de Soto y Sant Antoni se destinen a dar alojamiento a policías nacionales y guardias civiles. El director general se comprometió a estudiar la propuesta con los ministerios de Defensa e Interior, ya que podría ser una solución a las dificultades para incorporar funcionarios de las fuerzas de seguridad de Ibiza y Formentera, un destino donde las plazas son de muy difícil cobertura a causa de los precios de la vivienda.

Finalmente, el senador se interesó por el Estado del proyecto para construir una residencia para la Policía Nacional en el terreno de al lado de la Comisaría de Vila y a la propuesta de hacer también viviendas para la Guardia Civil en el solar cedido por el Consistorio de Santa Eulària a Santa Gertrudis.