Instante en el que los consellers del equipo de gobierno votan a favor de prorrogar las concesiones de transporte terrestre. | Marcelo Sastre

El pleno del Consell d'Eivissa aprobó ayer en sesión extraordinaria prorrogar las concesiones de transporte regular de viajeros por carretera a las empresas Herederos de Francisco Vilás y Autobuses San Antonio, ambas propiedad de la empresa catalana Sagalés; Voramar El Gaucho (en manos de Alsa) y Autocares Lucas Costa. Esta prórroga entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y se extenderá hasta el inicio de la nueva concesión, en cuya tramitación está trabajando el equipo de gobierno. En cualquier caso, la prórroga tiene un plazo máximo de un año prorrogable por otro año más.

El Partido Popular, que se abstuvo en la votación, criticó al equipo de gobierno por no haber sido capaz de sacar a licitación las nuevas concesiones. «Hace cuatro años que saben que no se puede superar la fecha del 31 de diciembre de 2018. ¿Qué han hecho durante este tiempo?», se preguntó la consellera Pepa Costa. La popular añadió que «ha sido una legislatura perdida en transporte» y alegó que su grupo optaba por la abstención «por responsabilidad».

Críticas

Costa también criticó la tramitación de esta prórroga, que según su opinión «se ha hecho deprisa y corriendo». La consellera del PP explicó durante su intervención que Intervención no ha podido fiscalizar el expediente ya que lo recibió el miércoles a las 14 horas. Además, el 20 de diciembre la jefa de los servicios jurídicos del departamento de Transports emitió un informe sobre la concesión de la prórroga sin concluir si era o no favorable, por lo que al día siguiente se incorporó otro informe complementario que daba el visto bueno a la prórroga pero sin la identificación del técnico que lo redactó.

En este sentido, Pepa Marí defendió que la tramitación del expediente es «legal» y que fue un asesor jurídico del departamento el que firmó el informe complementario.

La concesión prorrogada se deberá seguir prestando en las mismas condiciones en que se ha ido prestando hasta la fecha, incluyendo el mantenimiento del actual sistema tarifario integrado de la isla de Ibiza y el resto de condiciones de prestación. Un acuerdo que es de cumplimiento obligatorio para los concesionarios.

Retrasos en el Cetis

La consellera Pepa Marí admitió ayer que la reapertura de la estación de autobuses Cetis se puede retrasar «un par de meses», cuando en octubre aseguró que se abriría de forma «inminente». La consellera socialista explicó que se han aceptado las alegaciones de tres de las cuatro compañías de autobuses concesionarias de las líneas regulares en contra de la modificación del contrato para incorporar la entrada en la terminal de forma urgente, un cambio que el equipo de gobierno quería introducir aprovechando la prórroga de las concesiones.

Llama la atención que Sagalés, propietaria de las empresas HF Vilás y Autobuses San Antonio, y concesionaria del Cetis, haya alegado contra la obligación de que los autobuses entren en la estación por la vía de urgencia. Estas dos compañías y Voramar el Gaucho han alegado que la utilización de la estación de autobuses supondrá un coste elevadísimo que ha sido cuantificado en 678.000 euros anuales por la compañía en manos de Alsa. Un coste que no tiene nada que ver con los 800.000 euros que finalmente abonará el Consell d'Eivissa el año que viene por las tarifas que deberían pagar las empresas de autobuses por cada entrada y salida de la estación. «Alegan posibles pérdidas de pasajeros en base a la experiencia que tuvieron en 2012, cuando se abrió la estación, también alegan mayores costes por el incremento de los trayectos y pérdida de expediciones», apuntó Pepa Marí al finalizar el pleno.

Es por esta situación y ante el hipotético caso de que las compañías tengan pérdidas al entrar sus autobuses en el Cetis (la concesión corre a riesgo y ventura de las empresas), éstas señalan que se tiene que llevar a cabo una evaluación económica previa.