Un tribunal popular juzga desde ayer a tres agentes de la Policía
Nacional que proporcionaban información reservada sobre vehículos a
un gestor de Barcelona, a cambio de una mensualidad de unas 400.000
pesetas mensuales.
El fiscal acusa a los tres policías de los delitos de soborno y
revelación de secretos, por los cuales pide penas que suman 13 años
de prisión y multas que ascienden a 5.200.000 pesetas. Los policías
se encuentran suspendidos de empleo y sueldo. Además, el fiscal
solicita penas de inhabilitación de entre 11 y 13 años, lo que
supondría su expulsión del Cuerpo Nacional de Policía.
Por su parte, los dos gestores se enfrentan a penas de cuatro
años y un año de prisión y multas de dos millones de pesetas.
Según el fiscal, entre diciembre de 1995 y mayo de 1996, Rodolfo
R.C., propietario de una gestoría de Barcelona, y su colaborador,
José P.F., consiguieron datos reservados sobre vehículos de
personas sobre las cuales estaban elaborando informes de solvencia
para diferentes compañías aseguradoras. La información llegaba del
hermano de José P.F., Pedro, agente de la Policía Nacional, quien
conseguía la información en colaboración con otro compañero y un
policía destinado en la delegación de informática de la Prefectura
Superior. Todos los acusados han negado haber cometido alguna
transacción ilegal y que obtuvieran información confidencial.
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