El fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, vaticinó ayer que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, cuya entrada en vigor está prevista para enero próximo, será un fracaso si no se la dota de los medios necesarios, incluidas plazas de jueces y fiscales de menores.
Flores no descartó una moratoria en la entrada en vigor de la ley, si bien precisó que debe incluirse un calendario para la creación, a lo largo de todo el año 2001, de los centros que especifica la nueva norma, y la ampliación de las plantillas de jueces, fiscales y el resto de personal que contempla. Con ese calendario sería posible, según Flores, que la ley funcionara correctamente a partir del 1 de enero del 2002, pero a su juicio «la moratoria sin más no debe acordarse».
El fiscal jefe de Sevilla indicó que si la actual situación no se remedia la ley «fracasará y no habrá cumplido su finalidad», a lo que añadió que este fracaso afectará a los gobiernos autonómicos, el Ministerio Fiscal y la Policía, porque el Gobierno central no va a fracasar porque la ley es buena y ha sido aprobada en el Congreso, y entonces empezará el forcejeo político sobre quien tiene la culpa».
En este sentido, puso como ejemplo la «magnífica» ley Penitenciaria del año 1979 que, sin embargo, «no ha triunfado y en la que estaban previsto los centros juveniles con ocupación plena». El fiscal jefe aseguró que, ante la nueva ley, «los fiscales están todos sin dormir porque claramente se está empujando hacia una aplicación de la ley que no es que bordee sino que traspasa la Constitución Española».
A falta de dos meses escasos para la aplicación de la normativa en Eivissa aún no hay nada previsto al respecto para poder hacer frente a los cambios que la misma origina respecto a los delitos cometidos por menores. Hasta el momento se desconoce si se creará un juzgado específico o si habrá fiscales especiales.
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