El juzgado ha dado la razón a los cinco demandantes que decidieron
emprender acciones legales después de que una casa de la Marina,
ubicada en la calle José Verdera, se viniera abajo en abril de 1997
cuando en el inmueble colindante se estaban realizando obras de
construcción. Ello supone el pago de unos cien millones de pesetas
a los perjudicados por distintos conceptos. El inmueble que se
derrumbó el 11 de abril de 1997 estaba en el número 13 de la citada
calle, un edificio de tres plantas propiedad de Abel Matutes
Noguera y en el que también había un comercio.
La iniciativa judicial que se llevó a cabo en su día se ha
resuelto considerando responsables civiles solidarios de lo
ocurrido a la empresa constructora «Xicu Casals SA», al arquitecto
y al aparejador responsables en la realización del proyecto.
Sólo se exonera de ello a los dueños del número 11 de la calle
José Verdera, solar contiguo a la casa siniestrada y que también
fueron acusados por las partes. Además, se vieron perjudicados por
lo ocurrido no sólo los usuarios del inmueble sino también vecinos
de otra casa contigua. De la decisión judicial se desprende queno
se actuó correctamente en el modo de acometer las obras. La
sentencia, dictada por el juzgado número 1 de Eivissa, recoge que
«no se tomaron las precauciones necesarias ni se intervino con la
actitud perentoria que requería la ocasión».
En ésta, también se hace especial hincapié en relacionar «las
características del entorno», en un barrio con casas antiguas donde
los inmuebles se apoyan unos en otros, con el modo de proceder en
la construcción en la fase de cimentación. Los demandantes, tras el
fallo, ya tienen previsto solicitar la ejecución provisional de la
sentencia, según ha podido averiguar este periódico.
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