Dos años de cárcel y otros cuatro de inhabilitación por una supuesta negligencia médica. Estas son las penas que pidió ayer para una ginecóloga la representación legal de una mujer que perdió un bebé en Can Misses hace dos años después de que se le practicara una cesárea. El bebé, una niña, falleció a las 16 horas de haber sido extraído. La afectada recogió luego informes que le desaconsejan volver a quedarse embarazada por los graves riesgos que presuntamente ello podría conllevar.

El caso fue visto ayer ante la responsable del juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, la magistrada Clara Ramírez de Arellano. El fiscal, por contra a la acusación particular, calificó que la doctora fue responsable, en todo caso, de un delito de imprudencia leve con resultado de muerta, hecho por el que se solicitó un pequeña multa y una indemnización a los afectados de 100.000 euros.

Protocolos

La actuación médica tuvo lugar el 23 de octubre de 2006 después de que la facultativa que ayer tuvo que sentarse en el banquillo atendiera un caso de parto en el que, según la defensa, tras surgir complicaciones, se tomaron todas las precauciones necesarias y se efectuó una cesárea de acuerdo con los protocolos médicos que están establecidos. La denunciante ya había sido sometida en otra ocasión a una cesárea. La acusación particular, sin embargo, modificó durante el juicio su primera calificación de aborto imprudente por el de homicidio. Sólo por este hecho pidió un año de cárcel y otros tres de inhabilitación de la acusada para el ejercicio médico. Además, requirió otro año de cárcel y otro de inhabilitación al entender que la mujer, a consecuencia del modo y la forma con que se llevó a cabo esta intervención quirúrgica, sufrió lesiones que podían haber sido evitadas y que le ocasionaron un grave perjuicio tanto físico como psíquico. Durante la operación la afectada perdió mucha sangre y tras su convalecencia se cuestionó la posibilidad de que pudiera volver a quedarse embarazada.