El celador de Sant Antoni, ante el juez

El celador de obras estaba en prisión con carácter provisional desde el pasado 16 de enero. Su encarcelamiento fue ordenado por el juez Juan Carlos Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 1, de guardia el 16 de enero, y en respuesta a la solicitud del Ministerio Fiscal.

Pedro A. prestó de nuevo declaración ayer, pero lo hizo ante el juez instructor del caso, que le impuso una fianza menor a lo que solicitaba el Ministerio Púbico, 10.000 euros, pero mayor de lo deseado por la defensa, 7.000 euros.

«Mucho dinero»
Una vez que se presentó la denuncia contra el celador de obras y en la investigación se comprobó la verosimilitud de las sospechas se ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Pedro A., por lo que la defensa advirtió de que no se podrían abonar los 10.000 euros que exigía el Ministerio Fiscal para eludir la prisión provisional. Se desconoce a cuánto asciende la cantidad congelada, pero fuentes conocedoras del caso señalaron que «se le intervino mucho dinero». En cuanto a la declaración de ayer, fuentes del TSJ explicaron que el celador se expresó ante el juez Espinosa en los mismos términos que lo hizo ante el juez Torres. El celador se acogió a su derecho a no declarar nada más, señalaron las fuentes. El juez ha decretado el secreto del sumario, por lo que se desconocen nuevos detalles de la investigación.

No obstante, fuentes cercanas al caso señalaron que se están investigando posibles complicidades de otros funcionarios del Ayuntamiento de Sant Antoni con el celador de obras.

La denuncia contra este celador la interpuso en la Fiscalía de Eivissa el propio Ayuntamiento de Sant Antoni, cuyos máximos responsables fueron advertidos de las posibles irregularidades por el otro celador municipal de obras, que en una ausencia de su compañero acudió a realizar trabajos que le correspondían a éste. Fue de esta forma como se confirmaron las sospechas.

Concretamente ocurrió en una casa de campo que estaba siendo fiscalizada por el acusado. Después, otros propietarios han confirmado los presuntos sobornos. Pedro A. está acusado de cohecho y cooperación necesaria en un delito contra la ordenación del territorio. La investigación del caso ha quedado en manos de los especialistas de la Guardia Civil de Palma.

Tras la detención del celador, el teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, manifestó: «Sin ánimo de prejuzgar a nadie, quien se aproveche de su cargo debe ser separado de la Administración, caiga quien caiga». El Ayuntamiento apartó de su puesto al celador una vez que llegaron las sospechas y ayer anunció que se presentará en la causa como acusación particular.