Juan José Peciña y Juan Manuel Miranda no se fían y continuarán apostados en la puerta de los Juzgados de Eivissa: «Después de todo lo que hemos sufrido no nos vamos a dejar engañar». Hoy emprenden su quinta jornada de huelga de hambre. Son dos de los cerca de veinte afectados por el hundimiento del edificio Barceló. Se quedaron sin piso, continúan pagando hipoteca y aún no tienen fecha para el juicio.
Sin embargo, y a raíz de su protesta, ayer el TSJ envió un comunicado en el que anuncia que «la juez competente en las Diligencias Previas número 179/01 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Eivissa [caso Barceló] ha finalizado el trámite de acusación y este mismo día [por ayer] se ha dictado auto de apertura del juicio oral».
Defensor del Pueblo
La propia juez explicó en persona a la adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que «tendrá atención preferente para que no pase ni un día de dilación». Pero Peciña y Miranda insisten: «Es muy raro que los medio de comunicación tengáis esas palabras y nuestros abogados no sepan nada; por el momento no han dado curso a las partes y nosotros necesitamos que de alguna manera nos garanticen que se van a cumplir los plazos legales entre el anuncio de la apertura del juicio oral y la vista». «Seguiremos aquí hasta que la juez no nos lo garantice de alguna manera», insisten.
Por la vía penal
Desde el TSJ aseguraron que «para la realización de los correspondientes escritos de defensa el trámite se verificará simultáneamente por copia (3.000 folios que obran en la causa), en lugar de sucesivamente por traslado material de ésta» y «que finalizados los trámites necesarios la causa será remitida al Juzgado de lo Penal que corresponda, quien decidirá sobre la celebración del juicio». El pasado martes la juez apuntó que la vista comenzaría en dos o tres meses y ayer volvió a señalar a Cava de Llano que será «en un plazo máximo de tres meses.
Tras la conversación con la juez, la delegada del Defensor del Pueblo en las islas habló ayer con Peciña y Miranda y les explicó la situación. Les dijo que, una vez dictada la apertura de juicio oral, «hay que seguir los pasos» burocráticos necesarios, pero ellos no ceden. Duermen en sacos en la puerta del edificio judicial, a excepción del Defensor del Pueblo, ninguna otra institución se ha interesado por ellos. Aseguran que no han probado alimento sólido desde que comenzaron la huelga y que un médico que pasaba por allí les ha recomendado que tomen bebidas isotónicas.
El edificio Barceló se derrumbó supuestamente por una reforma (que al parecer se realizó sin licencia) el 27 de enero de 2001. El caso está ahora en manos del Juzgado de Primera Instancia número 1, por donde han pasado cuatro jueces desde el año 2001. La juez actual asegura que recibió el escrito de acusación de la Fiscalía el pasado 20 de enero. En él se piden indemnizaciones de 17'7 millones para los afectados. La juez afirma que el tema es «muy complejo» y que «hay muchos intervinientes». Además, como supuesta justificación de tanto tiempo de instrucción, también se señala que ha sido necesario realizar peritajes químicos que se han tenido que realizar fuera de Eivissa.
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