J. J. Monerri08/10/09 0:00
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El juez Juan Carlos Torres, decano de los magistrados en Eivissa y uno de los nueve titulares con derecho a voto en la asamblea que decidió, con una sola abstención, apoyar la jornada de paro en la judicatura española prevista para hoy, salió ayer al paso del desmarque del CGPJ y de las críticas del Gobierno señalando que «nadie dice que los jueces y magistrados carecen del derecho a la huelga».

Al respecto, los jueces de Eivissa, como ocurrió en la huelga del pasado 18 de febrero, se han vuelto a destacar por ser los primeros en dar impulso a una iniciativa que en esta ocasión ha promovido la Asociación Profesional de la Magistratura para volver a protestar por las carencias que soportan en sus puestos de trabajo. «Según mis datos, en febrero fuimos la primera asamblea que se pronunció. Luego, vinieron las demás. Llama la atención que en esta ocasión Eivissa también haya puesto su sello», indicó Torres. «La polémica es la misma de la otra convocatoria. Se habla de que los jueces carecemos de cobertura legal para la huelga pero no hay ninguna ley o norma que nos niegue este derecho, con lo que no se puede decir que sea ilegal o alegal», añadió.

Los jueces de la isla han previsto la cobertura de servicios mínimos para que se garanticen los derechos de los ciudadanos. Cada juez es libre de decidir cuáles son los que deben ofrecerse en sus juzgados, pero al menos cinco de los nueve titulares acudirán a sus puestos de trabajo para cubrir estos servicios. Así, además del magistrado del juzgado de guardia, habrá otro en instrucción para resolver las cuestiones que afecten a esta jurisdicción, además de otro para Primera Instancia. Los responsables de los juzgados de lo Social, Violencia Doméstica y uno de lo Penal completaran el organigrama previsto para hacer frente a los servicios mínimos. Otra cuestión es lo que harán los jueces sustitutos, lo que ayer era una incógnita.

Los jueces, especialmente en Eivissa, reclaman más medios y se quejan especialmente de «cargas de trabajo en la función penal que sobrepasan los módulos» y de problemas estructurales no sólo por la falta de un edificio donde estén todas las sedes judiciales sino también por la falta de juzgados de Primera Instancia y la «enorme movilidad» en los de instrucción.

Ratio europea

«Hay que reconocer que el Ministerio ha respondido poniendo el juzgado de Violencia sobre la Mujer pero lo demás está mal», recordó Torres. El juez decano indicó que las recomendaciones europeas hablan de 20 juzgados para cada 100.000 habitantes. En las Pitiüses, con una población que ronda los 120.000 residentes, hay 11 y el 30 diciembre entrará en funcionamiento el de Violencia Doméstica.