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J.M.A. - AGENCIAS

Cerca de 30 funcionarios de los juzgados de la isla participaron ayer por la mañana en un parón de media hora en las escaleras del edificio judicial que esta vez se realizó en protesta contra la reforma de la oficina judicial que está acometiendo el Gobierno. El portavoz del CSI-CSIF en Eivissa en lo que se refiere asuntos relacionados con los funcionarios de Justicia, Juan Nieto, amenazó con la huelga si el Gobierno no cede a sus exigencias, que en esta ocasión son, principalmente, que se retire el artículo 521 de la LOPJ. «Supondrá la supresión de puestos de trabajo cuando se ponga en marcha la oficina judicial, veremos desaparecer nuestros destinos y el Gobierno lo va a decidir a su libre albedrío», explicó Nieto, quien añadió que, además, está previsto incrementar el número de jueces pero no el de funcionarios de tramitación, de forma que, según esta lógica, estos tendrían que trabajar más y por lo visto no están dispuestos. Nieto también dice que con la nueva reforma el Ministerio podrá trasladar a los funcionarios sin contar con su opinión.

La protesta, que según Nieto se hizo a nivel nacional, incluidos los terrotorios que, a diferencia de Balears, ya cuentan con las competencias en Justicia, es en realidad una medida de presión de cara a la reunión que hoy por la tarde celebrarán sindicatos y Gobierno. Los cerca de 30 funcionarios que ayer dejaron de trabajar enter 11 y 11,30 horas fueron convocados únicamente por el CSI.CSIF, aunque Nieto dijo que todos los sindicatos están de acuerdo con la protesta.

«Todos estamos de acuerdo en que en la isla, funcionarios, gestores y tramitadores no se puede soportar más carga laboral», valoró Nieto. A su entender es «preciso» que en la reunión de hoy en Madrid el Ministerio muestre su buena disposición para llegar a un acuerdo y evitar cualquier futura movilización o jornada de huelga, una posibilidad que «hay que intentar evitar». «Todos esperamos que el Ministerio responda ante lo que se le avecina», amenazó.

A su juicio esta reforma es «eminentemente política y responde a un intento de Gobierno y oposición de controlar la Justicia desde el poder Ejecutivo». Añadió que se trata de un asunto «pactado entre el Gobierno, los principales partidos políticos y las Comunidades Autónomas».