El Ministerio Público solicita una pena de diez meses de prisión y la suspensión como agente de policía por un periodo de dos años para un policía local de Sant Antoni acusado por un presunto delito de malversación de caudales públicos. También se le pide una multa de 1.800 euros. Al tratarse de una cantidad supuestamente malversada inferior a 4.000 euros, Fiscalía aplica el apartado tres del artículo 432 del código penal, que prevé un castigo de privación de libertad de entre seis meses y tres años y suspensión de empleo o cargo público por un máximo de tres años.

Según esta acusación, R.C.R., de 33 años de edad y sin antecedentes penales, imponía multas a conductores que pagaban al momento y se quedaba con el dinero. Lo hizo, según el escrito de acusación del Ministerio Público, en tres ocasiones y malversó, supuestamente, 555 euros. La primera vez fue el 11 de julio de 2008 media hora después de la media noche. El agente dio el alto al conductor de un Peugeot 308 y comprobó que faltaba una bombilla de repuesto. Impuso una multa de 105 euros que fueron abonados al momento por el conductor, que después reclamó y recuperó la cantidad del rent a car en el que había alquilado el Peugeot. «El acusado firmó el boletín sin hacer constar su número profesional y con intención de enriquecerse a costa de las arcas municipales incorporó esa cantidad a su patrimonio, sin ingresarla en las dependencias municipales», apunta el escrito de acusación.

Dos días después, a las dos y cuarto de la madrugada repitió la operación. Paró un Seat León también de alquiler e impuso dos multas: una de 150 euros por no llevar los repuestos reglamentarios y otra más por el mismo importe por carecer de los dispositivos de preseñalización de peligro.

La última multa

El conductor también recuperó el dinero reclamándolo a la empresa de alquiler de vehículos. Al día siguiente, a las cinco menos cinco de la madrugada, dio el alto a otro Seat León y puso a su conductor una multa de 150 euros por no llevar los accesorios de repuesto reglamentario. Según la acusación, el sospechoso, al igual que en las dos ocasiones anteriores, firmó el en el boletín de denuncia sin hacer constar su número profesional y se quedó con el dinero.

Ley del Jurado y posible acuerdo

La Fiscalía de Eivissa ha encauzado el caso de R.C.R. mediante la Ley del Jurado, aunque lo más probable es que el juicio no llegue a celebrarse, ya que se prevé que la acusación pública y el sospechoso alcancen un acuerdo. El acusado no tiene antecedentes penales, por lo que en ningún caso tendría que ingresar en prisión, ya que la pena que se solicita es de diez meses, y fue apartado del servicio por los responsables de la Policía Local de Sant Antoni cuando se detectaron los hechos, tras la temporada de 2008, por lo que el tiempo de suspensión profesional que se pide ya se habrá cumplido cuando se dicte sentencia. En el caso de que las partes esperen al último momento para apalabrar un pacto, podría ocurrir como ocurrió esta semana con el caso de una funcionaria de Correos de Eivissa. Entre 30 y 40 personas de todas las islas que fueron seleccionadas por sorteo tuvieron que acudir a los juzgados de Palma para participar en nuevo sorteo que elige a nueve de ellas para formar el jurado. En la puerta de la sala las partes pactaron un acuerdo y todas estas personas, sin otro quehacer, regresaron a sus casas.