Agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo, vigilaron la casa de los sospechosos

Agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo, vigilaron la casa de los sospechosos | Marco Torres

J. J. Monerri06/02/11 0:00
TW1

Prisión sin fianza. Ésta fue la decisión que se adoptó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, esta semana de guardia, para el matrimonio residente en Cala Llonga que fue detenido por la Guardia Civil de Santa Eulària tras desmantelarse un punto de venta de cocaína que los sospechosos habían montado en su propio domicilio, lugar donde también habitaba su hija de 10 años. La menor ha quedado ahora a cargo de una de sus abuelas.

Juan T.T., de 54 años, y su mujer, la colombiana Ilse María Miranda B., de 38 años, fueron sorprendidos con 14,8 gramos de cocaína pero en el registro. Se encontraron también rollos de alambre, supuestamente destinados al cierre de las dosis, numerosas bolsitas de plástico recortada scon la forma habitual donde depositar la cocaína para su comercio, tres básculas de precisión e instrumentos que presentaban restos de cocaína.

La investigación, sin embargo, no da tanta importancia a la cantidad intervenida en la denominada operación 'Seven Eleven' (que hace referencia a los conocidos establecimientos abiertos al público durante 24 horas) sino a que éste era un punto de venta considerado como 'antiguo' y con mucha actividad.

Declaraciones

Ilse María Miranda B. se reconoció como una mera consumidora antes de que se tomara declaración a su marido, un ibicenco dedicado profesionalmente a actividades empresariales en el sector de la construcción. Los dos sospechosos declararon después de que se hubiera tomado manifestación a otro hombre y otra mujer, ambos sin ningún lazo de parentesco entre sí, con los que los acusados tenían relación. Ambos quedaron luego en libertad mientras continúa la investigación judicial sobre el caso, diligencias que finalmente determinarán cuántos de los implicados tendrán que sentarse en el banquillo si el fiscal presenta cargos por delitos contra la salud pública.

Las fuentes consultadas por este periódico coinciden en señalar la importancia de la colaboración ciudadana ya que las quejas presentadas por los vecinos ante el contiguo trasiego de personas y coches en este domicilio permitió a la Guardia Civil obtener pruebas indiciarias definitivas para que el juez concediera una orden de registro.