Un empresario ibicenco relacionado con el sector inmobiliario tendrá que pagar una multa de casi 300.000 euros y depositar otros 75.000 euros a la Hacienda Pública después de que la Agencia Tributaria lo denunciara por un fraude que se cometió en la declaración del impuesto de sociedades. A ello se suma una condena de un año de prisión, que quedará en suspenso, y la imposibilidad de acogerse a subvenciones públicas en los próximos tres años.
Los hechos se remontan a 2004 cuando el acusado, administrador de la firma Discobossa, cerró la venta de dos fincas de su propiedad por algo más de tres millones de euros.
Proceso
El fraude que cometió entonces al no declarar la cantidad que correspondía motivó que se abrieran diligencias contra él que ayer quedaron resueltas en el Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa.
La juez Clara Ramírez de Arellano, titular de este juzgado, dictará en los próximos días la sentencia de conformidad a la que se llegó este caso tras un pacto entre las acusaciones, ejercidas por el fiscal y un abogado de Estado, éste último en representación de la Agencia Tributaria, y la defensa del empresario.
La investigación judicial acreditó que la sociedad Discobossa ingresó en sus arcas 2.311.059 euros tras concluir la operación de compraventa, y todo ello después de descontarse los gastos que generó dicho negocio. El acusado, sin embargo, no cumplió con sus obligaciones con respecto al Fisco y acabó siendo procesado, generando, además, unos intereses de 75.000 euros por su dejadez.
El empresario está obligado a pagar en el plazo que se fije la multa a la que ha sido condenado. El impago conllevaría la inmediata ejecución de la condena y que éste ingresara en prisión a cumplir la pena.
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