La consellera de Benestar Social, Dolores Fernández, denunció públicamente la actitud del Govern balear a la hora de suprimir las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, OAVD, ya que «nos enteramos por los medios de comunicación el 30 de diciembre y no fue hasta el 2 de enero que se nos comunicó de forma oficial».
Lo más grave es que el mismo día 30 y sin conocimiento del Consell, las personas que se trasladan desde Eivissa para dar el servicio, se llevaron todo el material, la información, hasta la placa exterior de la conselleria y «sólo dejaron un póster en el despacho que se les había facilitado desde hace años para que trabajaran en Formentera» señaló el técnico de Benestar Social, Pere Serra.
Fernández mostró su indignación por «el menosprecio y la falta de consideración hacia el Consell de Formentera al no tenernos informados de la decisión con anterioridad» ya que según Benestar Social, con tiempo se podrían haber buscado soluciones que ahora serán de urgencia y probablemente menos efectivas con una previsión anterior. En este sentido la consellera Fernández avanzó que el Consell de Formentera «estudiará la posibilidad de hacer frente a determinadas actuaciones para paliar este cierre repentino con la supresión de un servicio imprescindible para los residentes en Formentera, pero habrá que ver si con los recortes económicos hay una partida para cubrir dichas necesidades».
Fernández recordó que la puesta en marcha de las OAVD en las Balears se deriva de la Ley 35/1995 que no entró en vigor hasta el año siguiente y que en Formentera, y hasta 2006 , la OAVD sólo funcionaba durante medio año, durante la temporada turística y es a partir de 2007 cuando su funcionamiento se prolongó a los doce meses del año.
Especialistas que se trasladaban desde Eivissa para atender los casos
La atención se había venido prestando por personal especializado en la materia procedente de Eivissa y en los protocolos específicos inherentes a casos de delitos violentos, abusos laborales, defensa del menor, violencia de género, abusos sexuales y otras casuísticas que inciden en los colectivos más vulnerables por cuestiones de edad, raza, dependencia física o económica o por otras circunstancias.
Para la consellera Fernández con la supresión de las OAVD se producirá una situación compleja y problemática ante la insuficiencia de los recursos asistenciales.
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