La alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, reclamó en la primera reunión que mantuvo con el nuevo director insular de Eivissa y Formentera, Rafael García Vila, la creación de una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para la bahía de Portmany, es decir, conjunta para los municipios de Sant Antoni y Sant Josep. Días después, la alcaldesa de Sant Josep, Neus Marí, hizo suya la petición. De esta forma, Gutiérrez recoge el testigo de sus dos antecesores al frente de la Alcaldía, José Sala y Antoni Marí Tur, y se suma a esta ya veterana reclamación que nunca ha sido atendida pese a que ya ronda los 15 años de antigüedad, si no más. Ninguno de los gobiernos de los últimos tres lustros, ya fueran del PSOE o del PP, ha concedido la creación de esta Comisaría, pese a que también lo ha reclamado en numerosas ocasiones el diputado del PP Enrique Fajarnés a lo largo de muchos años.
Contando a García Vila, ya son cinco los directores insulares (tres en mandatos del PP y dos con el PSOE) que han jurado su cargo en las Pitiüses y han escuchado esta reclamación de Sant Antoni. Ahora, como ya ocurrió anteriormente, se da la circunstancia de que tanto en Moncloa como en San Antoni gobierna el mismo partido, lo que en teoría podría ayudar a que se atendiera la reclamación. Sin embargo, fuentes conocedoras del caso señalaron desde Madrid que todo apunta a que esta vez tampoco será así, y no sólo por dinero, sino por simple practicidad y coherencia.
Todos los municipios de Eivissa, a excepción del de Vila, que es ‘territorio' del Cuerpo Nacional de Policía, son ‘jurisdicción' de la Guardia Civil, y las leyes en lo referente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dicen que allí donde están unos no pueden estar los otros, salvo excepciones. El caso es que en Sant Antoni y Sant Josep está la Guardia Civil e instalar en estos municipios una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía sería, a juicio de los expertos, «un paso atrás», ya que a lo largo de los años se ha ido incrementando la plantilla del Instituto Armado y se han ido aportando medios e infraestructuras. «Lo lógico y práctico sería seguir aumentando la plantilla de la Guardia Civil», zanjaron los especialistas. Por eso llama la atención la insistencia del Ayuntamiento de Sant Antoni a lo largo de los años y, sobre todo, que la actual alcaldesa lo pidiera en su primera reunión con el representante del Gobierno, más aún con los tiempos que corren.
Además, a juicio de los expertos, en los últimos años en Sant Antoni se ha alcanzado un grado «óptimo» de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local.
Otros conocedores del caso son más críticos con el Ayuntamiento y se preguntan «qué tiene Sant Antoni contra la Guardia Civil». «Hacen un gran trabajo, patrullan continuamente en verano y hay bastante presencia, así que ¿por qué cambiar el color del uniforme?», cuestionan. Recuerdan además que la mayor parte de los problemas que se padecen en Sant Antoni son consecuencia del vandalismo, es decir, infracciones a las ordenanzas municipales, y eso es competencia de la Policía Local.
«Inercia»
Estos, bastante críticos, creen que la alcaldesa actúa por «inercia» al reclamar la Comisaría y recomiendan al Ayuntamiento que cambie de política turística. «Con el tipo de turismo que se promociona en Sant Antoni no se solucionarían los problemas ni colocando un policía en cada esquina», advirtieron.
Si en Sant Antoni las cosas continúan como están en lo referente a la calidad del turismo que recibe, y nada hay que haga pensar que vaya a producirse un golpe de timón, lo mejor que puede hacer el Ayuntamiento, recomienda uno de los expertos, es invertir mucho más en Policía Local y duplicar la plantilla.