El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, está investigando si agentes del Cuerpo Nacional de Policía cometieron alguna irregularidad para detener a un sospechoso que se hallaba en el interior de una dependencia de Cáritas Diocesana de Eivissa. El suceso también fue objeto de indagaciones por parte de la oficina del Defensor del Pueblo. El dictamen de esta institución, cuyo contenido exacto no ha trascendido, le dio la razón a Cáritas.

Las actuaciones judiciales se iniciaron ahora hace cerca de un año después de que la propia entidad presentara una denuncia para aclarar si la policía tiene derecho a actuar de esa manera después de que, al parecer, los agentes que están bajo sospecha irrumpieran en el inmueble, un almacén que esta organización humanitaria de la Iglesia Católica posee en el Polígono de Montecristo.

Intervención

Todo ello se produjo supuestamente sin contar con ningún mandato un orden expresa que amparara esta acción. Según la información recogida por este periódico, se da el añadido que la persona que fue arrestada en esa ocasión terminó siendo absuelta de los cargos que motivaron su detención.

Las diligencias que se llevan sobre este caso se encuentran ya muy avanzadas. El propio director de Cáritas Diocesana de Eivissa, Joan Marí, tuvo que comparecer hace pocos días en el juzgado que instruye esta causa para ratificarse o no en un trámite que conllevaba la denuncia formulada por la entidad. Marí, en este sentido, confirmó ante el juez dicha diligencia.

Varias fuentes consultadas por este diario conocedoras de lo ocurrido señalaron que la intervención policial que conllevó la citada denuncia fue «violenta» no sólo porque los agentes presuntamente entraron a «las bravas» en el edificio sino también porque su comportamiento, una vez dentro, también dejó «mucho que desear».

Con amparo a nivel nacional

La denuncia interpuesta por Cáritas Diocesana de Eivissa contó con el visto bueno de esta entidad en su central de Madrid. El asunto fue directamente puesto en manos de los servicios jurídicos a nivel nacional y sus responsables consideraron la idoneidad de ejercer acciones legales para poder discernir si lo sucedido podía constituir una irregularidad y evitar que, con una resolución judicial en la mano, ello pudiera volver a repetirse. Al respecto, desde Cáritas Nacional se recordó que en marzo de 2011 se presentó un informe sobre cómo estaba afectando la crisis a los inmigrantes y se hacía expresa referencia a problemas con la policía en las sedes. Ello motivó el interés del Defensor del Pueblo.