La Audiencia de Palma inició ayer el juicio contra quince acusados, la mayoría de ellos dominicanos, acusados de introducir y distribuir cocaína en la isla de Eivissa a través de una red que se valía de mujeres embarazadas para utilizarlas como ‘correos’ que transportaban la droga en el interior de su organismo. Todos los procesados mostraron su conformidad con los hechos que se les imputan, aunque están en desacuerdo con las penas de prisión que solicita inicialmente la fiscal para cada uno de ellos, de entre tres años y medio y seis años de prisión.
La operación Furia se desarrolló en Eivissa en el primer semestre de 2010 después de que agentes del Equipo de Delincuencia Organizada Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil de Eivissa investigaran la existencia de una red dominicana conectada con Madrid a través de ‘mulas’. La investigación se saldó con casi 30 detenidos.
Decomiso
Asimismo, se decomisaron 2.500 gramos de cocaína, 185 gramos de metanfetamina (cristal), 3.000 gramos de precursores para la adulteración de la cocaína, una prensa, varias balanzas, útiles de laboratorio y unos 25.000 euros,
Jaime Campaner, abogado de dos de los acusados, realizó una petición novedosa ante el tribunal de la Sección Segunda para que se anulasen las escuchas telefónicas de la causa por vulnerar el secreto de las comunicaciones. Esta petición no se hizo con la finalidad de lograr la absolución de sus clientes, sino como atenuante a la hora de decidir la condena, ya que los dos procesados habían declarado su culpabilidad.
El resto de abogados de los procesados se adhirió a la petición, en el sentido de que se anulasen las escuchas para luego atenuar la condena. Las defensas también prevén alegar, según los distintos casos, las atenuantes de confesión, colaboración o toxifrenia, entre otras, para lograr una rebaja en las posibles condenas.
La fiscal rechazó la petición de nulidad de las escuchas telefónicas de cara a poder llegar a un acuerdo de conformidad. El juicio contra los procesados continuará hoy y presumiblemente quedará visto para sentencia.
Ses Figueretes, zona de negocio
La red tenía su cuartel general en un domicilio de Can Tomás, en el municipio de Sant Antoni. Sin embargo, el grupo operaba desde un casa de la avenida de España, lugar donde se podía facilitar la droga a sus principales clientes, localizados en el barrio de ses Figueretes.
La investigación también alcanzó a otros residentes dominicanos con domicilios en Via Romana, en Puig d’en Valls y en Sant Josep. En un registro en Madrid, además, se descubrió el laboratorio. Los agentes encontraron 800 gramos de cocaína, una balanza de precisión, una prensa para fabricar los paquetes y casi dos kilos de precursores.
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