Un examen a fondo para analizar las dificultades detectadas y problemas denunciados en el funcionamiento del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Eivissa.
Con este objetivo se desplazaron ayer hasta las instalaciones de Isidor Macabich tres inspectoras y un inspector del Consejo General del Poder Judicial.

La delegación de inspectores judiciales llegaron minutos antes de las 9 de la mañana a la sede judicial de Vila. Durante 48 horas pondrán el foco en todo lo que pasa y cómo funciona el juzgado localizado en la primera planta.
Según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, «esta actuación se lleva a cabo debido a las dificultades detectadas en este Juzgado en estos últimos meses».

El TSJB no detalló los motivos de la inspección, pero las causas son las que han venido denunciando funcionarios, sindicatos, abogados y magistrados. Problemas que se suceden desde antes del verano. Al goteo de bajas de funcionarios por estrés, se sumó la baja del juez titular del juzgado, el decano de Eivissa, una vacante que no fue cubierta hasta pasados tres meses.
En toda esta cadena de problemas se circunscribe el caso de Sara Calleja. La madrugada del 11 de julio, Sara se suicidó en la Avenida de España de Vila tras dos años de acoso por parte de su ex pareja. Había presentado una veintena de denuncias contra su maltratador, la mayoría en León y dos en Eivissa que, según denunció en un escrito, nunca se llegaron a tramitar.
El delegado del sector Justicia del CSIF, Sabino Aramburu, apuntó al PERIODICO de IBIZA Y FORMENTERA que la reacción del Ministerio de Justicia «llega muy tarde. No reaccionó ante las bajas, ni tampoco ante las quejas y sólo lo ha hecho por un caso de alarma social como fue la desgracia de Sara Calleja».

Aramburu incidió en que este caso «fue una presión extra a unos trabajadores que ya estaban expuestos y presionados en un momento en que el juzgado estaba en cuadro».
El delegado de CSIF hizo hincapié en que la inspección «llega muy tarde» porque la mayoría de los trabajadores ya se han incorporado, sólo hay una baja, y añadió que a un juzgado tan especializado y sensible se le debería prestar más atención.
Esta inspección extraordinaria fue solicitada al Ministerio de Justicia en octubre por el Parlament balear a raíz de una iniciativa del diputado del PP Miquel Jerez tras la muerte de Calleja.
El diputado Jerez mostró «su satisfacción, aunque dentro de un estado de preocupación», y destacó «el hecho de que se promueva la investigación» y la «depuración de responsabilidades» en el caso de que las hubiera.
Miquel Jerez destacó que el ministro Rafael Catalá le comunicó en su momento que había expedientes abiertos a funcionarios de ese juzgado y que también le expresó sus dudas por la «conflictividad y el funcionamiento anormal» del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Eivissa, juzgado que está siendo examinado.