Instantes en el que los inspectores hacen recuento del dinero en la segunda operación Chopin. Vídeo: AGENCIA TRIBUTARIA

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La Agencia Tributaria desplegó ayer en Ibiza la segunda fase de la bautizada como Operación Chopin, un dispositivo que se tradujo en una maratoniana jornada de inspecciones administrativas en las discotecas Pacha y Ushuaïa.

Eran las 6.30 horas de la mañana cuando el operativo en el que participaron cerca de medio centenar de efectivos accedía a las oficinas de las dos discotecas.

En los registros participaron agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, así como agentes de la unidad informática de Ibiza, Palma y Madrid. Las entradas a los establecimientos de ocio nocturno estuvieron apoyadas por un dispositivo de la Policía Nacional, agentes que se retiraban paulatinamente una vez los inspectores empezaban el trabajo de campo en las oficinas de las dos salas.

Según informaron fuentes de la Agencia Tributaria, la inspección administrativa tiene como objetivo cotejar las cuentas y balances económicos de las dos discotecas inspeccionadas, tal y como ya hiciesen a finales de julio en un centenar de establecimientos de ocio nocturno que también se saldó con inspecciones en las discotecas Space y Privilege, los días 7 y 8 julio.

En la jornada de ayer, los más de 40 efectivos de la Agencia Tributaria tomaron durante más de 10 horas las oficinas de los establecimientos.

Según fuentes de la investigación, se trataba de una actuación administrativa sin detenciones y en la que los inspectores procedieron al «conteo pormenorizado» de todo el dinero en efectivo presente en la tesorería de las empresas inspeccionadas, mientras los expertos informáticos recababan información sobre los pagos electrónicos y la documentación de las cuentas.

En ambas inspecciones fue necesario el uso de máquinas de recuento de billetes dado el volumen de dinero que mueven cada jornada ambos negocios.

Las mismas fuentes apuntaron que los inspectores también tomaron nota de la relación de precios de los distintos servicios que se ofertan y su correlación en las cuentas.

A media mañana, parte de los inspectores se trasladaron a la sede del Grupo Matutes para revisar la documentación referente al hotel-discoteca Ushuaïa.

La Operación Chopin ha sido coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria y se enmarca en el Plan de Control de la Economía Sumergida que desarrolla la Agencia.

Las empresas

Desde el Grupo Empresas Matutes expresaron su tranquilidad ya que, según subrayaron, el grupo «cumple con todas las obligaciones fiscales. El Grupo Empresas Matutes ha colaborado y colabora desde el primer momento en los registros que se han llevado en la sede central de nuestras oficinas y en Ushuaïa Beach Hotel. Nunca, en los 40 años de vida de esta compañía, hemos sido objeto de un expediente de fraude fiscal por parte de las autoridades competentes», afirmaron en un comunicado. Además de subrayar que cumplen con todos los deberes tributarios señalaron que el grupo «entiende el protocolo que se ha llevado a cabo en el marco de la investigación que atañe al sector de ocio nocturno en España, y que ha conllevado el registro de nuestras oficinas, es el habitual en un operativo de estas características».

Por su parte, desde el Grupo Pacha señalaron en un comunicado que la compañía «siempre ha colaborado con las autoridades y ofrece toda la ayuda necesaria para facilitar su trabajo», al tiempo que han destacado que el Grupo Pacha cumple «con todos los todos los requisitos legales, fiscales y tributarios en todos los mercados en los que opera».

LA NOTA

Space y Privilege fueron registradas en la primera fase

La Agencia Tributaria impulsó en julio la macrooperación Chopin, dejando las primeras inspecciones en la isla con registros en las discotecas Space y Privilege.

Se trata de un dispositivo que persigue el fraude fiscal en el sector del ocio nocturno.

La mayor operación efectuada hasta la fecha por el organismo tributario contra la economía sumergida había arrancado a principios de año, tras detectar un volumen de cobros con tarjeta declarados a Hacienda por parte de las sociedades ahora inspeccionadas que resultaba anormalmente alto.