El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, los consellers Bartomeu Escandell y Sonia Cardona y el exconseller Josep Mayans, todos ellos integrantes de Gent per Formentera, van a sentarse en el banquillo de los acusados por el ‘caso Punta Prima’. Concretamente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza ve indicio de delitos de prevaricación administrativa, desobediencia, falsificación y ocultación de documentos y coacciones. Los acusados deberán pagar una fianza de 500.000 euros o sus bienes serán embargados.

Normas Subsidiarias.
Finalmente la demanda del empresario alemán Leo Stöber, de la promotora turística Sunway S.L, acabará en juicio. La denuncia comenzó a instruirse en febrero de 2012 tras la aprobación de las normas subsidiarias en los terrenos de dicha promotora en Punta Prima, donde se había previsto ampliar una ciudad de vacaciones. Con este cambio urbanístico los terrenos quedaban inedificables. Además de esta causa, Stöber también mantiene abierta una reclamación patrimonial contra el Consell de Formentera que asciende a más de 29 millones de euros.

Gran calado judicial.
No parece que el «caso Punta Prima» sea una cuestión menor. Sentar en el banquillo de los acusados a la plana mayor del actual gobierno del Consell, además de fijar una fianza de medio millón de euros, es un asunto de gran calado judicial, pero también político. Porque lo que se va a dilucidar es un modelo de gestión, cada vez más cuestionado y con tics más autoritarios, como ha demostrado en estos años el gobierno de Ferrer. Y si realmente se modificaron las normas subsidarias para perjudicar a esta empresa deberá justificarse muy bien o los acusados tienen un problema muy grave. Y lo peor es que esta apertura de juicio oral se ha conocido a las puertas de las elecciones para renovar el Consell de Formentera. Es imposible acabar peor la legislatura.