Editorial

Severo varapalo a los planes del Govern

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El Govern encajó ayer una grave derrota parlamentaria, el decreto de medidas destinadas a reactivar la economía balear no quedó convalidado y deberá tramitarse como una ley. Los votos de Vox, PP, Cs, PI, Més per Menorca y un diputado de Izquierda Unida de esta isla incluido en el grupo de Podemos dejaron en minoría las tesis gubernamentales. A partir de ahora, la presidenta Armengol y su equipo deberán buscar fórmulas que garanticen la tramitación de un texto coherente. Es una dificultad añadida si se tiene en cuenta el veto de los ecosoberanistas menorquines a cualquier acuerdo con los regionalistas del PI. Lo ocurrido en el pleno de ayer tiene tanto peso político que puede marcar el futuro desarrollo de la legislatura para un Ejecutivo que no cuenta con una mayoría sólida.

Búsqueda de apoyos.
A partir de ahora, el Govern se ve en la obligación de recabar los votos necesarios entre las formaciones parlamentarias con dos opciones: la aproximación a Més per Menorca o al PI (Proposta per les Illes). El nuevo escenario es complejo, pero no parece que con un congreso trascendental en ciernes los regionalistas quieran abandonar su actual consideración de grupo en la oposición. Tampoco es un camino de rosas para el Pacte ceder ante las exigencias más radicales de Més per Menorca, cuyo grado de implicación con el conjunto de la política autonómica es limitado. Se abre, por tanto, un período de incertidumbre y de eventual inestabilidad institucional que tendrá en la tramitación de los presupuestos su momento más delicado.

Un gran acuerdo con el PP.
En este escenario, sería deseable un acuerdo con el Partido Popular, formación que aplaudió algunas de las medidas anunciadas, como la prórroga a la ampliación de los hoteles, aunque cambió de opinión al conocer la letra pequeña. Incorporar las propuestas más importantes hechas por Ibiza y eliminar algunos artículos inaceptables sobre la Ley de Carreteras, introducidos a petición del Consell de Menorca, permitirían un acercamiento entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición durante la tramitación parlamentaria.