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Con el fin del confinamiento, la llegada de la ‘nueva normalidad’ y la progresiva entrada de turistas a las Pitiusas se están volviendo a ver prácticas ilegales, como las lanchas neumáticas de ses Salines que ejercen como chárters de manera ilegal. También se están empezando a ver vendedores ambulantes en las playas y asociaciones de taxistas ya han denunciado la presencia de taxis pirata en diferentes puntos de la isla. A esto se suma, además, la proliferación de otras actividades ilegales que ya existían antes del coronavirus, pero que se han incrementado en esta ‘nueva normalidad’, como los promotores privados o empresas que organizan fiestas ilegales cobrando entrada en villas de campo o bien particulares que ofrecen servicios de restauración y comida a domicilio sin estar dados de alta. Pocos sectores productivos de las Pitiusas se libran del intrusismo.

Contundencia.
Las instituciones deben permanecer vigilantes ante las denuncias de los ciudadanos y coordinarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso de los chárter náuticos ilegales, Sant Josep debe mostrarse firme y denunciar las veces que haga falta ante Capitanía Marítima, entidad que instruye las denuncias de navegación ilegal. Asimismo, las instituciones deben mostrarse siempre contundentes para acabar con las prácticas ilegales. En este sentido, la nueva normativa del Govern referente a las sanciones por no respetar las medidas sanitarias y de seguridad incluye sanciones de hasta 600.000 euros por organizar fiestas ilegales y hasta tres años sin poder comercializar la vivienda turística donde se haya hecho la fiesta. Un gran paso que queda por ver cómo se llevará a la práctica.

Responsabilidad y conciencia.
Más allá del trabajo de las instituciones, los ciudadanos deben ser responsables y tener conciencia social para así evitar la proliferación de estas actividades. Si existen es porque hay demanda y, en cuanto ésta se acabe, se podría dar por acabado el problema o, como mínimo, podría reducirse. Hacer uso de un taxi pirata o comprar empanadas a una persona que las vende desde su casa y sin pasar ningún control sanitario, por ejemplo, va en contra del bien común ya que nuestro dinero acaba yéndose a alguien que no paga impuestos.