Editorial

Contundencia contra la ‘okupación’

Eivissa |

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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció ayer que dictará una instrucción para unificar el criterio de todos los fiscales ante la okupación, que calificó de «fenómeno delictivo» que requiere «una acción específica». Con esta instrucción, que será aprobada «en los próximos días», la Fiscalía del Estado quiere dar respuesta a un problema que ha motivado serios reproches de la Judicatura. Sin ir más lejos, la juez decana de Palma, Sonia Vidal, atribuyó, en un acto de la Academia de Jurisprudencia de Balears, el incremento de viviendas okupadas a la falta de claridad de los poderes públicos: «Deben actuar para proporcionar vivienda digna, pero no a costa de la propiedad», subrayó Vidal. La juez decana recordó que la usurpación de bienes inmuebles es un delito leve y no permite las detenciones. Pero señaló que al infringir la Ley de Seguridad Ciudadana, los okupas han de ser identificados, y si se niegan, pueden ser arrestados.

Medida pionera en Balears.
En junio del año pasado la Fiscalía de Balears aprobó una medida pionera contra este fenómeno que pasó desapercibida en el resto de España, y que ha contribuido a controlar a los okupas en las Islas. Una instrucción del fiscal superior, Bartolomé Barceló, autoriza a las fuerzas de seguridad a desalojar una vivienda sin la intervención del juez, medida que contribuye a reducir la impunidad con la que actúan los okupas y que genera perplejidad y desasosiego en la ciudadanía. En Inglaterra, por ejemplo, la Policía puede expulsar, sin orden judicial, a los okupas, que pueden ser condenados a cárcel.

Extorsión.
Lamentablemente, la okupación es un fenómeno en auge. Según datos del Ministerio del Interior, sólo las denuncias han pasado de 10.367 en 2015 a 14.621 en 2019. Y en el primer semestre de 2020 ya suman 7.540. El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria reclama soluciones urgentes. Con la excusa de facilitar viviendas a colectivos vulnerables actúan grupos organizados que practican la extorsión. La fiscal Delgado no puede demorar la instrucción que permita actuar con eficacia contra este delito.