Editorial

Eliminar la burocracia es una exigencia urgente

Ibiza |

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La excesiva burocracia es uno de los grandes problemas de nuestro sistema político y administrativo. Todo paso encaminado a rebajar la carga burocrática es, pues, bienvenido y, probablemente, insuficiente. En este sentido, cabe felicitar al vicepresidente del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, por la iniciativa de redactar un reglamento urbanístico, de forma consensuanda con los ayuntamientos, con el objetivo de liberalizar ciertos trámites urbanísticos a todas luces excesivos, tal como publicó ayer Periódico de Ibiza y Formentera.

Reactivar la economía.
El reglamento eliminará de facto las licencias municipales de obra mayor y menor que no supongan ampliación de volumen tanto en suelo rústico como en urbano para siempre. Para ejecutar estos proyectos será suficiente presentar una declaración responsable ante cada uno de los ayuntamientos y abonar los impuestos. Esta medida supone un notable avance respecto a la Ley de Reactivación Económica que se quedó corta al haberse limitado a sustituir la tradicional licencia de obras por una declaración responsable en suelo urbano y sólo de forma temporal, hasta finales de 2021. La principal consecuencia de esta medida es que los técnicos municipales sólo revisarán los proyectos de obra nueva y de ampliación, cuyos trámites se mantienen exactamente igual, lo que permitirá desatascar los departamentos de urbanismo. Conviene que el reglamento sea aprobado cuanto antes, ya que permitir las obras de reforma y reducir los plazos para las obras nuevas y ampliaciones al eliminar la carga de trabajo contribuirá a dinamizar la economía en el momento de la historia más necesario por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Hay demasiados millones de euros paralizados en los cajones de los técnicos de urbanismo que deben ponerse en circulación de manera urgente. El reglamento también elimina la innecesaria cédula de habitabilidad para obras nuevas, así como trámites para las obras en edificios protegidos. La tramitación del decreto de medidas urgentes y la posterior convalidación en ley fueron oportunidades perdidas, ya que los partidos del Govern antepusieron sus perjuicios ideológicos anacrónicos a la liberalización de la economía. De lo contrario, todas estas medidas haría meses que estarían dando sus furtos.