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Los políticos de Formentera llevan mucho tiempo reivindicando que la isla debe mantener su carácter e idiosincracia, y no dejarse pisotear por la influencia del turismo. No conviene olvidar las medidas que se adoptaron para reducir el impacto de los vehículos que llegaban a Formentera y el intento de reducir el número de barcos con Ibiza. Daba la sensación de que desde el Consell de Formentera se buscaba proteger todos los aspectos más genuinos de la isla, entre los cuales deberían encontrarse una gestión de los kioscos de las playas por parte de familias de la isla, que llevaban desde el inicio del turismo al frente de sus negocios.

Varapalo a las familias.

Sin embargo, la adjudicación de las nuevas licitaciones de las playas ha desmontando el discurso del Consell de Formentera al adjudicarlas a empresas de fuera, donde el aspecto económico ha sido clave para conseguir las concesiones. El propio Bartolo Escandell explicaba en las páginas de este periódico que él creía que el aspecto ecológico tendría más peso que la oferta económica, pero lamentablemente no es así. Desde hace unos días el Consell de Formentera intenta recalcar que el concurso se ha desarrollado legalmente, pero no es eso lo que se pone en cuestión. Lo que se plantea es si no hubiese sido más oportuno que las ofertas económicas hubieran tenido un menor peso en las valoraciones finales. Todo ello para blindar a las empresas formenterenses que gestionan las playas desde hace décadas.

Faltan explicaciones.

Desde que saltó la polémica nada se sabe de la presidenta del Consell, la socialista Ana Juan, y tampoco de sus socios de gobierno, Gent per Formentera, que finalmente se han desmarcado de las adjudicaciones millonarias de las playas. No parece que la decisión pueda modificarse, pero al menos desde el Consell de Formentera deberían intentar en el futuro no defender posturas que ni ellos mismos se creen, que han adjudicado las playas al mejor postor.