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Los números del Govern cuadran, al menos en 2021, cuando se ha conocido la liquidación. Los ingresos fiscales y de tasas superaron las previsiones en más de 500 millones de euros, circunstancia que ha permitido reducir en 337 millones el endeudamiento de las cuentas públicas. A pesar de que durante el pasado año la pandemia seguía manteniendo la incertidumbre sobre el futuro, la economía de las Islas mantenía una vitalidad que podría calificarse de envidiable, al menos a tenor del comportamiento de algunos impuestos. Uno de los ejemplos más destacados es el derivado de las operaciones de compraventa.

El eterno debate

Los datos del 2021 volverán a plantear la dicotomía sobre el papel que debe tener el marco fiscal en la evolución de la economía y el efecto final con respecto a la salud financiera de las empresas y las familias. El PP, tanto a nivel estatal como autonómico, ha vuelto a plantear la necesidad de rebajar los tipos impositivos para dar más liquidez al sistema y reactivar la actividad empresarial. El Govern progresista descarta esta opción, aunque acepta la posibilidad de introducir algunas desgravaciones para aligerar la carga fiscal de determinados sectores.

Mejora de los servicios

El problema de fondo del modelo tributario español, y por extensión el balear, es el escaso paralelismo que mantiene con respecto a la calidad de los servicios públicos de que disfrutan los ciudadanos. La presión fiscal se puede considerar excesiva o no en función de la eficiencia de las prestaciones que ofrecen las instituciones a los ciudadanos en todas las materias, pero en especial en las esenciales: la sanidad, la educación o la asistencia social. Sin negar el buen nivel alcanzado, es innegable la frustración ciudadana que produce el enquistamiento de algunas carencias –listas de espera, insuficiente asistencia sociosanitaria, falta de centros escolares...–. Esta es la raíz de la cuestión.