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La Asociación de Madres y Padres Discapacitados de Balears (Amadiba) anunció el lunes que no piensa acudir a la Justicia para cobrar la deuda de casi dos millones de euros que mantiene con el Consell d’Eivissa y que se arrastra desde la pasada legislatura cuando gobernaban PSOE y Podemos. Amadiba ha recordado que Lydia Jurado redactó dos contratos, pero no sirvieron de nada. La entidad lamenta que el socialista Vicent Torres, expresidente del Consell, no quiera saber nada de dicho contrato o, al menos, no ha querido avalar con su firma los servicios prestados por Amadiba para intentar regularizar su situación.

Un asunto relevante

El «caso Amadiba» destapado por este periódico a raíz del informe de la Oficina Anticorrupción de Balears pone de relieve la mala gestión que se llevó a cabo en asuntos sociales la pasada legislatura por parte de Lydia Jurado. Sorprende además que un partido teóricamente tan sensibilizado con temas del ámbito social como Podemos haya podido dejar sin cobertura legal el pago a una asociación y que por esta irresponsabilidad quede pendiente de cobro casi dos millones de euros por unos servicios prestados.

Silencios inadmisibles

En este asunto sorprende el silencio del PSOE, ni quiera para dar explicaciones por el dinero que no ha cobrado Amadiba por atender a personas con necesidades en Ibiza. Tampoco Podemos ha dado una simple explicación sobre la mala gestión de Lydia Jurado y su equipo, pese a las advertencias del secretario del Consell, que sí cumplió su trabajo frente a políticos poco preparados que han causado un daño irreparable a Amadiba y que han provocado la inquietud de muchas familias ibicencas. Por todo ello estaría bien que el asunto acabase en los tribunales y que se diriman responsabilidades. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué político o políticos han gestionado de forma irresponsable el dinero público y han ocupado puestos institucionales sin la más mínima preparación para ello.