Miles de trabajadores públicos salieron el sábado a la calle en Madrid para reclamar un incremento salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido. La inflación en España ya está en los dos dígitos, en una espiral que no tiene visos de detenerse a corto plazo. La reivindicación de los funcionarios puede ser compartida por la práctica totalidad de los trabajadores del país porque el incremento del coste de la vida en los últimos meses rebasa y con mucho las revisiones porcentuales aplicadas en los todos los sectores productivos. Sin embargo, resulta cuanto menos sorprendente que el primer colectivo laboral que sale a la calle es el que cuenta con mayores prestaciones y beneficios laborales en comparación con el resto.
Reivindicación común
Resulta obvio que la inflación supone un castigo común para todos los trabajadores. Es un proceso que perjudica también a toda la cadena productiva del país. Pretender que, sin que se hayan abierto los procesos negociadores, los trabajadores públicos se pongan en primera línea de las exigencias en el incremento salarial resulta cuando menos llamativo. Las necesidades y posibilidades del país son las que son y las cuentas públicas no se pueden desequilibrar de manera inmediata, tal y como pretende el sindicato convocante.
Establecer prioridades
La remuneración de los trabajadores de la Administración tiene diferentes aspectos que merecen ser tenidos en cuenta, empezando por resolver los pluses de insularidad en Balears, un problema que se arrastra desde hace décadas y que dificulta la necesidad de estabilizar las plantillas en áreas tan sensibles como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o la Administración de Justicia. Las condiciones laborales de los trabajadores públicos también deben ponderarse con los que lo hacen en el ámbito privado. La responsabilidad también forma parte del ejercicio sindical.
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