El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un importante paquete de medidas que tiene por objetivo paliar los efectos de la inflación en las economías domésticas y en las capas más desfavorecidas de la población. Ayudas directas, como el cheque de 200 euros para hogares vulnerables o la suspensión de los desahucios, y medidas fiscales, como la reducción del IVA en los alimentos básicos de la cesta de la compra, son los dos ejes sobre los que pivota la estrategia gubernamental para minimizar el impacto de la espiral imparable de la subida de precios generalizada.
Proteger a los más débiles
La escalada inflacionista en España está teniendo un efecto devastador en un amplio sector de la población; algunos expertos lo calculan en torno al 30 por ciento. Frente a esta situación, no cabe duda que los anuncios de Sánchez aliviarán las economías de miles de familias, incluso con aspectos tan importantes como la contención de los alquileres o las prórrogas de las rebajas en las facturas de la luz y el gas, entre otras. Cabe señalar que la reacción del Gobierno se ha producido cuando el precio de los combustibles, punto de partida de la actual coyuntura económica, ha iniciado un descenso sostenido.
Asegurar la sostenibilidad
Tras conocerse el contenido de las medidas anunciadas por el presidente Sánchez, no faltan voces que cuestionan la capacidad económica del Estado para hacer frente a los costes que generará para las arcas públicas, en especial por la merma de ingresos. Esta es la cuestión que no ha quedado resuelta: la capacidad real de nuestra economía para mantener en vigor todas estas ayudas en un escenario todavía impredecible. Sánchez lanzó ayer una apuesta –marcada sin duda por el año electoral que se inicia– que puede marcar la gestión y la credibilidad internacional de la economía española para los próximos años.
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