El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, destituirá como vicepresidente de la institución al vicepresidente tercer, José Manuel Alcaraz. El argumento que esgrime es la filtración de una información interna sobre el plus que se le ha concedido a un jurista de la institución. Córdoba asegura que dicha información es falsa y por ello Alcaraz deja el gobierno insular, pese a ser el presidente del PP en Formentera, el partido que forma parte de Sa Unió.

Falta de transparencia.
Se equivoca Llorenç Córdoba cuando asegura que no debe conocerse que un letrado de la institución disfrute de un plus cuando, además, este mismo jurista le está asesorando con sus problemas políticos tras haber sido expulsado de Sa Unió. La transparencia pasa por conocer todo lo que se hace con dinero público, algo que incomprensiblemente Córdoba no comprende a pesar de ser el presidente de la institución. Mucho más cuestionable es que dicho letrado pueda tener un plus económico por asesorar al propio Córdoba para asuntos que no tienen nada que ver con la institución.

La crisis se agrava.
Los ciudadanos de Formentera no se merecen la imagen que se está dando desde el Consell de Formentera desde hace meses. La destitución de Alcaraz es un paso más hacia la degradación de la institución por la inestabilidad que se ha generado con la pretensión de Córdoba de ganar más dinero en política. Sorprende que PSOE y GxF no hagan el más mínimo movimiento para intentar solventar esta situación interna cuando faltan más de tres años para acabar la legislatura. Córdoba no puede convertir el gobierno del Consell en su cortijo particular. No es descartable que el presidente del Consel llegue a quedarse solo en el gobierno insular. Su expulsión de Sa Unió le inhabilita políticamente para seguir siendo presidente, pero evidentemente nada cambiará sin el apoyo de la oposición. Es preciso que todos los partidos políticos analicen si esta crisis puede mantenerse durante más tiempo, pero es evidente que lo que ocurre en Formentera está superando todas las líneas rojas políticas razonables.